Abril estuvo marcado por ataques digitales, restricciones a la información pública y campañas de desprestigio
El cuarto mes de 2026 suma 31 agresiones, es decir, cada día, un medio o un periodista fue atacado en Ecuador. La violencia en el espacio digital es cada vez más frecuente.
11.05.2026
La Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC) cerró abril con 31 agresiones contra la prensa ecuatoriana. Al igual que en enero, durante el mes pasado, se registró, en promedio, un ataque diario a un medio de comunicación o a un periodista.
El 45% de las agresiones estuvieron dirigidas hacia hombres periodistas, un 45% a medios de comunicación y un 10% a mujeres. Pichincha, Guayas y Azuay fueron las provincias que, nuevamente, lideraron el mayor número de ataques en todo el país.
En el cuarto mes de 2026, la FPSC también observó que más de una decena de agresiones se desarrollaron en el ámbito digital tales como suplantaciones de identidad, descalificaciones y campañas de desprestigio protagonizadas por trolls y plataformas de desinformación.
Otro caso preocupante que afectó a la libertad de expresión fue la disposición de la Contraloría General del Estado, emitida el 20 de abril, que condiciona el acceso a las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos al registro obligatorio de datos personales de los solicitantes.
La FPSC emitió un comunicado en el que rechazó esta medida que impone la entrega de información sensible, como número de cédula, la fecha de expedición del documento y el correo electrónico personal, para consultar información que, por mandato constitucional y legal, es de carácter público.
Según el comunicado de la FPSC, “obligar a los ciudadanos a entregar información sensible sin garantías claras sobre su uso, almacenamiento y seguridad contraviene los principios de proporcionalidad y minimización en el tratamiento de datos personales”.
Paúl Mena, periodista e investigador de larga trayectoria, asegura que no es la primera vez que la Contraloría intenta limitar el acceso a la información patrimonial de los funcionarios públicos. Explica que esta afectación inició bajo el mandato del excontralor, Carlos Pólit, quien propuso una reforma legal para reemplazar las declaraciones realizadas ante notario público por las declaraciones electrónicas, que fue aprobada en 2016. Cinco años después, en 2021, el excontralor Pablo Celi nuevamente intentó establecer una serie de obstáculos digitales para acceder a la información, pero ante la crítica de la sociedad civil tuvo que dar de baja esas restricciones.
Otro caso grave que la FPSC registró en abril fue una campaña de desprestigio hacia UEA Noticias, un medio digital estudiantil de la Universidad Estatal Amazónica, por parte de la Prefectura de Pastaza. Según el medio, esto ha ocurrido tras la publicación de reportajes y notas con denuncias ciudadanas que cuestionan la gestión de la Prefectura, principalmente, sobre el asfaltado y la concesión de carreteras.
El círculo cercano del Prefecto, André Granda, también ha criticado al medio de comunicación públicamente con frases como “verguenza de medio”, “no tienen ética”, “dejen de victimizarse”. En uno de los post de Facebook, Fabricio Quintanilla, procurador síndico de la Prefectura, advirtió que no descarta interponer una denuncia a los estudiantes, citando los artículos del Código Penal Integral (COIP). “Parece que lo que no les enseñan en clases les va a pasar factura en la vida real”. Algunos comunicadores y periodistas de la provincia han enviado mensajes de apoyo a los estudiantes y periodistas de UEA Noticias en redes sociales.
Diego Escobar, subdirector de comunicación del la Prefectura de Pastaza, aseguró a la FPSC que la institución es defensora de “la libertad de expresión”, pero está en desacuerdo con que UEA Noticias no contraste la información y emprenda, según él, un “linchamiento mediático” contra Granda y la institución al publicar al menos 20 notas periodísticas sin su vocería.
El medio estudiantil, en cambio, aseguró haber realizado solicitudes de información que no han sido respondidas y denunció que incluso se les ha informado que algunos documentos públicos tienen costo. No obstante, Escobar negó estas afirmaciones a la FPSC y sostuvo que toda la información difundida se basa en datos de acceso público disponibles en el portal de contratación pública.
El 19 de marzo de 2026, la Prefectura, amparándose en el art. 24 de la Ley de Comunicación, pidió el derecho de réplica para aclarar y contextualizar la información difundida”. La Ley plantea que un medio debe brindar el acceso a la réplica con las mismas características, dimensiones, página o sección en medios escritos o en el mismo programa, espacio y horario en medios audiovisuales. Pese a ello, la Prefectura en su pedido de réplica pidió a UEA Noticias que realice una entrevista en vivo con el prefecto André Granda para dialogar y aclarar ciertos temas en las instalaciones de la Prefectura.
Ese mismo día, UEA Noticias contestó al oficio solicitando el detalle de las fechas de las emisiones periodísticas, el segmento de noticias donde se considere que hubo una afectación directa que amerite la réplica y la identificación del contenido que afectaría la honra o reputación del Prefecto. Sin embargo, la Prefectura no respondió el oficio del medio.
Previa a la publicación de esta nota, la FPSC conoció sobre el bloqueo de dos videos en las redes sociales de UEA Noticias que mencionaban a la Prefectura de Pastaza.
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