Agosto: un violento y preocupante mes para la libertad de prensa en Ecuador
Desde enero hasta agosto, la FPSC ha contabilizado un total de 168 agresiones contra medios y periodistas en el Ecuador.
02.09.2025
La Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC) registró 22 agresiones contra trabajadores de la comunicación a lo largo de agosto del 2025, que incluyen tres asesinatos y denuncias de supuestas infiltraciones de policías en chats de prensa, lo que convierte a ese mes en uno de los más violentos contra la prensa ecuatoriana.
Desde enero hasta agosto, la FPSC ha contabilizado un total de 168 agresiones contra medios y periodistas.
Tres asesinatos en un mes
Es la primera vez, desde que ocurrió el secuestro del equipo de Diario El Comercio, que en un solo mes se registraron tres asesinatos de periodistas y comunicadores. En 2022 se registró un total de 3 asesinatos a lo largo de todo un año, no dentro de un mismo mes.
El primero fue el de Sebastián Rivadeneira, un estudiante de último semestre de Comunicación en la Universidad Laica Eloy Alfaro y pasante de Radio Visión en esa misma provincia, donde hacía transmisiones deportivas. El hecho ocurrió el pasado 8 de agosto, durante un asalto en Manta.
El segundo sucedió el 21 de agosto, en Guayaquil. Xavier Ramos, periodista de diario El Universo, fue encontrado con heridas de arma blanca en su domicilio. La muerte de Ramos, conocido por su larga trayectoria en ese medio impreso y reconocido en varias ocasiones por su trabajo, generó dolor, sorpresa y consternación en el gremio periodístico nacional.
Se trata del segundo asesinato de un periodista registrado en Ecuador en lo que va del 2025. El primero fue el de Patricio Aguilar, reportero de la provincia de Esmeraldas, ocurrido en marzo pasado.
La tercera muerte violenta fue la Ronald Farías, locutor radial del cantón El Carmen, también en la provincia de Manabí, el pasado 31 de agosto. El comandante de la Zona 4, Giovanni Naranjo Rubio, sostuvo, durante una transmisión, que este asesinato se trata de “una muerte violenta de carácter interpersonal, no de carácter criminal”.
Farías, de 29 años, fue víctima de una golpiza que le dejó un fatal trauma craneal. De acuerdo a los indicios, fue atacado con un arma contundente. Aunque no se desempeñaba como periodista o reportero, no es posible dejar de resaltar la violencia y frecuencia de estos hechos.
El trabajo de los periodistas en la provincia de Manabí es complejo y está atravesado por el temor, el riesgo y la autocensura. En julio pasado, el corresponsal Marcelo Ruiz fue víctima de un atentado armado al que logró sobrevivir. Ese mismo mes, una disputa territorial desató una ola de violencia en la provincia y dejó 20 muertos en tres días. Los altos índices de violencia e inseguridad en esta provincia costera complejizan más aún el panorama de los trabajadores de la comunicación.
Denuncias de infiltración en chats de prensa por parte de agentes de inteligencia policial
El pasado 21 de agosto, el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) alertó que, durante una audiencia comunitaria en la que se denunció el seguimiento al líder indígena Leonidas Iza, tres agentes policiales pertenecientes a los servicios estatales de inteligencia reconocieron la existencia de una red de 17 policías infiltrados que fungían de abogados, funcionarios y periodistas.
El pasado 26 de agosto, el MICC hizo públicos varios chats en los que los agentes estuvieron involucrados, en donde posteaban fotos de sus coberturas. Los periodistas eran parte de al menos una docena de grupos de prensa en los que a diario se comparte información de interés periodístico y contactos. De acuerdo a la publicación del MICC, cuatro policías trabajaban en el medio de comunicación Wilar RTV y dos en la Asamblea Nacional, haciéndose pasar por periodistas.
Según el MICC y otros reporteros, los agentes de inteligencia asistían a diferentes coberturas, ruedas de prensa y reporterías.
Raul Wilka, representante legal de Wilar RTV, medio que fue señalado por el MICC como empleador de los cuatro policías encubiertos como periodistas, emitió un comunicado en el que asegura no estar vinculado a miembros de esa institución. Luego de que se revelaran los hechos, Jorge Guzmán, uno de los periodistas mencionados, quien colaboraba con este medio como corresponsal en Quito fue desvinculado del mismo, de acuerdo con el documento publicado.
Ni el Ministerio de Interior ni la Policía Nacional han dado explicaciones sobre estos acontecimientos. Pero tres días después de la audiencia comunitaria, el pasado 25 de agosto, la vocera de la Presidencia, Carolina Jaramillo, calificó este episodio como un “rumor” y lo minimizó.
La Fundación Periodistas Sin Cadenas rechaza estas prácticas de suplantación de identidad por parte de miembros de las fuerzas policiales. Estas acciones vulneran el derecho a la protección de las comunicaciones personales y atentan contra el secreto profesional de los trabajadores de la comunicación en Ecuador, principios consagrados en los artículos 31 y 41 de la Ley Orgánica de Comunicación.
Esta organización expresa su profunda preocupación por la práctica de espionaje, infiltración y vigilancia ilegales contra periodistas y medios de comunicación. esto ocurre mientras en la Corte Constitucional se analiza la Ley Orgánica de Inteligencia, que ha generado demandas de inconstitucionalidad desde diferentes sectores de la sociedad civil, por permitir el acceso a datos personales, historial de comunicaciones o ubicaciones en tiempo real sin necesidad de orden judicial, lo que vulnera el derecho a la privacidad y al debido proceso.
A todos estos incidentes contra la prensa, se suman también cuatro agresiones físicas en el contexto de coberturas periodísticas, dos de ellas registradas en el marco de la marcha convocada por el presidente de la República, Daniel Noboa, en contra de la Corte Constitucional, el pasado 12 de agosto. Periodistas del medio comunitario Wambra y de Diario Expreso resultaron agredidos con empujones de parte de efectivos de las fuerzas policiales y manifestantes.
La publicación mensual del registro de agresiones que realiza la Fundación Periodistas Sin Cadenas busca poner en evidencia la vulneración y riesgos a los que están expuestos los periodistas en el Ecuador.
Publicado el Amenazas al oficio |
