El Estado debe proteger el trabajo periodístico en contextos adversos, no obstaculizarlo
Entre el 22 de septiembre y el 5 de octubre, la FPSC ha registrado 33 agresiones contra la prensa, de las cuales 20 han sido protagonizadas por manifestantes y 13 por agentes estatales (Policía Nacional, Fuerzas Armadas o instituciones del Estado).
07.10.2025
La Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC) expresa su más profunda preocupación por las recientes agresiones contra los periodistas ecuatorianos en el contexto de las movilizaciones y alerta a la comunidad nacional e internacional del acelerado deterioro de las condiciones para el oficio, que se acentúa por el silencio de las autoridades nacionales encargadas de la protección de las y los periodistas.
Entre el 22 de septiembre y el 5 de octubre, la FPSC ha registrado 33 agresiones contra la prensa, de las cuales 20 han sido protagonizadas por manifestantes y 13 por agentes estatales (Policía Nacional, Fuerzas Armadas o instituciones del Estado). En el primer caso, los periodistas han sido víctimas de intimidaciones verbales o con machete, amedrentamientos, arrojamiento de agua, golpes con piedras y palos, despojo de equipos de trabajo o daños a vehículos de prensa, entre otros.
En el segundo caso, los uniformados han lanzado gases lacrimógenos, embestido con motocicletas, quitado o dañado equipos celulares o herramientas para transmisiones en vivo y cometido agresiones físicas como patadas o empujones. Esta organización también ha registrado el caso de una periodista que fue intimidada con un arma por un militar y el arresto temporal de un comunicador, a quien le obligaron a eliminar el contenido recopilado en su celular.
A esto se suma la suspensión de las transmisiones de TV MICC por parte de la Arcotel, posibles restricciones al acceso a internet en zonas de Imbabura y la detención y deportación del periodista español-chileno Bernat Bidegain, quien cubría las protestas en Quito para su medio digital, Pelo Fuego. Según Inredh, Bidegain fue interceptado por la Policía sin que se le informaran las razones de su detención, se le negó comunicación con su Embajada y no tuvo acceso a una defensa legal adecuada. La vocera presidencial, Carolina Jaramillo, sostuvo que la deportación del periodista se ampara en el artículo 143, numeral 7, de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que faculta la expulsión de extranjeros que no inicien su proceso de regularización, y afirmó que ningún ciudadano extranjero puede permanecer en el país porque representa una “amenaza para la seguridad”.
La FPSC condena enérgicamente todo acto de violencia y hostigamiento contra la prensa sin importar el origen o tipo de agresor. Y observa con mucha inquietud el papel pasivo o ausente de las instituciones del Estado en su obligación de proteger el ejercicio periodístico, sobre todo en coyunturas de alta conflictividad social.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recordado que los Estados “tienen el deber de garantizar que los periodistas no sean detenidos, amenazados, agredidos ni limitados mientras realizan coberturas en el marco de protestas sociales. Además, sus herramientas y materiales de trabajo no deben ser destruidos ni confiscados por las autoridades públicas”.
De acuerdo los «Estándares interamericanos y prácticas sobre prevención, protección y procuración de la justicia«, las fuerzas del orden —incluyendo a la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y otras instituciones del Estado— tienen la obligación legal y ética de proteger a la población, y aún más, a quienes desempeñan funciones fundamentales para la democracia, como lo son los y las periodistas.
En este sentido, el Estado, a través de sus instituciones y autoridades, debe ser el primero en defender el trabajo periodístico y ser el ejemplo de sus ciudadanos. ¿Qué mensaje se deja cuando se permite que un policía embista a un periodista con su moto? Esta y todas las agresiones mencionadas en este reporte no pueden ser normalizadas por los ciudadanos, menos aún por el Estado y las autoridades de turno. Ignorar esta situación solo deja a los comunicadores en total indefensión.
Por eso, la FPSC exige al Gobierno Nacional, a sus entidades y a las fuerzas del orden que cesen de inmediato las agresiones contra la prensa, condenen los excesos cometidos y adopten medidas urgentes y eficaces para proteger a quienes ejercen el periodismo en el país e investigar las agresiones.
De igual manera, pedimos a la Fiscalía General del Estado que actúe de forma diligente y oportuna en la investigación y sanción de las graves agresiones a la prensa, para evitar que estos casos terminen, como tantos otros, en la impunidad. Tal como lo establece el informe Protesta y Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los cuerpos de seguridad del Estado tienen la obligación no sólo de abstenerse de cometer violaciones de derechos, sino también de denunciar activamente cuando tengan conocimiento de abusos cometidos por sus propios integrantes o por otras instituciones.
Por medio de este comunicado, hacemos un llamado a todos los actores sociales, organizaciones, instituciones públicas y ciudadanos a unirse en defensa de la libertad de expresión y del derecho a informar y ser informados. Hacemos también un llamado a la activación del Mecanismo de Protección para periodistas en Ecuador, pues uno de sus objetivos es garantizar la seguridad de los trabajadores de la comunicación.
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