Fuerzas Armadas intentan censurar a medios y periodistas en Ecuador
El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas busca que todas las ramas de la institución eviten acreditar a medios o comunicadores que resulten “perjudiciales” para su imagen institucional.
10.02.2026
La Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC) rechaza categóricamente las disposiciones de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) que pretenden crear lineamientos para la acreditación y participación de medios de comunicación en eventos institucionales que solamente promuevan una imagen positiva de la institución. Esta disposición es un acto de censura previa y contraviene todos los preceptos de libertad de expresión contenidos en instrumentos nacionales e internacionales.
El pasado 28 de enero de 2026, el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Henry Santiago Delgado Salvador, envió un oficio al Comandante General de la Fuerza Terrestre, Jhon Eduardo Miño Razo; al Comandante General de la Armada del Ecuador, Ricardo Unda Serrano; y al Comandante General de la Fuerza Aérea, Mauricio Salazar Machuhca, en el que les solicita que dispongan a las distintas direcciones de comunicación, la aplicación del “Procedimiento de Acreditación, Evaluación y Gestión Estratégica de Medios de Comunicación para todos los eventos institucionales organizados por las Fuerzas Armadas”.
Este procedimiento, según el informe CCFFAA-DCS-2026-0001, anexado al oficio antes mencionado, plantea cuatro disposiciones:
- Establecer lineamientos claros para la acreditación y selección de medios de comunicación en eventos institucionales.
- Prevenir la participación de medios o comunicadores cuya actuación reiterada resulte perjudicial para la imagen institucional.
- Implementar un procedimiento interno de evaluación y registro de medios.
- Proponer criterios técnicos que permitan convertir una debilidad comunicacional en una fortaleza estratégica, sin afectar la credibilidad institucional ni la normativa vigente.
Para ello, se establece que la acreditación de medios se realizará bajo “criterios técnicos” que evalúen “la línea editorial, el tratamiento informativo histórico respecto a las Fuerzas Armadas, el rigor informativo, la conducta profesional y la postura institucional frente al rol de las FF.AA.”.
Además, dispone implementar matrices de evaluación a los medios de comunicación, indicadores de seguimiento y desempeño comunicacional, una ficha de control de medios acreditados y una ficha de control estratégico para medios no afines a los que se trataría mediante una “inclusión selectiva” con indicadores cuantitativos y cualitativos.
Para la FPSC estas disposiciones representan un grave atentado contra la libertad de expresión y lesionan el ejercicio periodístico, pues buscan calificar a los medios con parámetros arbitrarios, subjetivos y poco transparentes, que permiten a una institución pública escoger a quién se da acceso a los eventos institucionales y a quién no. Este tamizaje de medios que las FF.AA. pretenden imponer constituye una clara violación al artículo 18 de la Constitución ecuatoriana, que establece que todas las personas tienen derecho a recibir y difundir información sin censura previa acerca de los hechos de interés general.
Las disposiciones también contravienen el artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que señala: “La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley”.
Y además atentan contra el principio 2 sobre libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que también establece que todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación.
La CIDH ha sido enfática en recordar a los Estados su obligación de garantizar el acceso a la información pública y remover los obstáculos que garanticen este derecho, como es el caso de acreditaciones restrictivas. En su informe de 2021, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH sostuvo que la transparencia y la rendición de cuentas de los poderes públicos fortalecen los sistemas democráticos. En ese reporte, la Relatoría recalcó que los Estados tienen la obligación de permitir el acceso a las conferencias de prensa oficiales a todos los medios, sin discriminación por su línea editorial.
Estas disposiciones surgen en un contexto de mayores limitaciones para el acceso a la información por parte de las instituciones del Estado, particularmente las relacionadas con la seguridad pública, como lo describe el informe Patrón de silencio: el acceso a la información pública en medio de la violencia en Ecuador. La FPSC publicó este reporte en noviembre de 2025 y allí detalla cómo los periodistas enfrentan serias dificultades para acceder a datos, vocerías e información relevante de las FF.AA. y otras entidades clave como la Fiscalía, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) y la Policía Nacional.
Por eso, la FPSC exige que estos lineamientos de las FF.AA. sean derogados porque contravienen directamente principios básicos garantizados en la Constitución y en tratados internacionales de los que Ecuador es suscriptor, ponen en riesgo un derecho fundamental como es la libertad de expresión, atentan contra el sistema democrático y obstaculizan el trabajo de la prensa.
Además, hace un nuevo llamado al Estado ecuatoriano en su conjunto a respetar y hacer respetar el derecho a la información, y promover condiciones favorables para que la prensa pueda informar a la ciudadanía ecuatoriana sobre los acontecimientos de interés público de manera ágil, transparente y oportuna.
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