Intervención a Granasa es el resultado de un intenso hostigamiento oficial 

19.02.2026

La Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC) rechaza de manera enérgica la intervención de la Superintendencia de Compañías a la empresa Gráficos Nacionales S.A. Granasa, editora de los diarios Expreso y Extra. Esta medida sienta un peligroso precedente para la libertad de expresión y de prensa en el país y, además, pone en altísimo riesgo la estabilidad y el desempeño de los medios de comunicación independientes.

La FPSC ha registrado al menos 16 acciones de hostigamiento, censura y abuso de poder contra Granasa entre el 10 de septiembre de 2025 y el 19 de febrero de 2026, que incluyen denuncias de presunta evasión tributaria, intentos de control accionario de la empresa, campañas de desprestigio y requerimientos de información que el medio ha calificado como “ilegales”. 

Los hechos registrados en contra de Granasa no son aislados. La FPSC ha observado una serie de actos contrarios al principio democrático de pluralidad y control ciudadano al poder, e identifica en ellos un patrón de conducta que apunta a imponer una única narrativa, complaciente con el Ejecutivo y sin contrapesos.

El proceso de hostigamiento del que ha sido víctima esta casa editora refleja, además, posibles intentos de usar la institucionalidad y sus recursos para evitar la difusión de voces críticas al ejercicio de la función pública. Además, siembran fundados indicios de irrespeto al debido proceso y, por lo tanto, de un mayor debilitamiento de la ya golpeada estructura democrática.

Estas actuaciones han sido impulsadas por altas autoridades del Gobierno y de instituciones de control. Entre ellas se encuentran el Servicio de Rentas Internas (SRI), la Presidencia de la República, la Secretaría General de Integridad Pública, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), la Superintendencia de Compañías (Supercias) e Inmobiliar. A estas entidades también se suma una investigación previa de la Fiscalía contra esta casa editora por presunto lavado de activos, y la negativa de un juez a una acción de protección presentada por una de las accionistas de Granasa. 

Durante este período, esta organización también ha registrado campañas de desprestigio contra Granasa y sus directivos desde cuentas troll en redes sociales o de plataformas de contenido alineadas al oficialismo. Asimismo, los sitios web de la Presidencia y de medios gubernamentales como El Telégrafo se han referido al caso y han profundizado las líneas discursivas de estigmatización contra esta empresa periodística, que ha negado de manera reiterada los presuntos delitos o irregularidades que las autoridades le han imputado. (Ver la línea de tiempo). 

La FPSC reitera su rechazo a la intensa persecución que enfrenta Granasa y pide a la comunidad nacional e internacional que esté vigilante sobre lo que pueda ocurrir en las próximas horas contra esta casa editora, cuyos medios y periodistas han mantenido una línea crítica contra el actual Gobierno.

Una intervención que amenaza el periodismo crítico

El último hecho contra Granasa ocurrió este 18 de febrero de 2026, cuando la Supercias le notificó  el inicio de una intervención para “supervigilar la marcha económica financiera y propiciar la corrección de las irregularidades advertidas, a fin de evitar perjuicios a sus socios y/o terceros”, amparándose en el numeral 5, del artículo 354 de la Ley de Compañías. 

La razón de la intervención consta en la Resolución No. SCVS-INC-DNASD-2026-00473, suscrita por el Intendente Nacional de Compañías, Luis Idrovo Murillo, en la que asegura que Granasa se negó a entregar información a la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar), entidad adscrita desde el pasado 14 de febrero a la Presidencia de la República. En opinión de la Superintendencia, esto contraviene el artículo 15 de la Ley de Compañías, que dice que “los socios podrán examinar los libros y documentos de la compañía relativos a la administración social”.

Inmobiliar es accionista minoritaria de la empresa periodística desde el pasado 3 de diciembre de 2025, según consta en la página de la Supercias. Pero Granasa sostiene que el paquete accionario del 2,56% que le correspondería a Inmobiliar está en un proceso legal y que está siendo disputado por Carlos Martínez Bruno, director de Expreso.

El pasado 27 de enero, Inmobiliar solicitó a Granasa sus estados financieros, auditorías externas y el detalle de los asesores legales en los últimos cuatro años, con una matriz de los casos atendidos por ellos, indicando cuáles se encuentran cerrados o vigentes a la fecha actual. Esto, a criterio de Granasa, “desconoce el derecho de la reserva entre cliente y abogado”. La empresa calificó a esta acción como “hostigamiento” y se negó a entregar la información. 

En una nota publicada este 19 de febrero en Expreso y Extra, Granasa aseguró que el artículo 15 de la Ley de Compañías precisa una salvedad para el acceso a la información pública. “salvo que existan razones objetivas para considerar que podría utilizarse (la información solicitada) para fines extra sociales o su publicidad perjudique los intereses de la compañía”.

El organismo de control designó a Elizabeth del Pilar Jiménez Franco como interventora externa y responsable de la entrega de los informes mensuales sobre las actividades cumplidas y de las acciones de los administradores para la intervención de la compañía periodística.

Línea de tiempo

10 de septiembre de 2025. La plataforma digital La Posta publicó un video sobre el supuesto uso de canillitas (vendedores de diarios) que “habrían servido de fachada para canalizar $5.6 millones” a la cuenta de diario Expreso, cuya casa editora es Granasa, y que había una investigación en curso sobre un presunto fraude tributario. Semanas después, medios locales informaron que Luis Alvarado Campi, asambleísta de ADN, movimiento oficialista, había comprado La Posta en agosto de 2025. 

11 de septiembre de 2025. El Servicio de Rentas Internas (SRI) informó que inició auditorías a 15 contribuyentes dedicados a la venta de periódicos al por mayor después de que identificara “inconsistencias en sus declaraciones de impuestos”. 

12 de septiembre de 2025. Granasa respondió a estas acusaciones como el inicio de una campaña de desprestigio en su contra. En el artículo “Los troles que atacan a EXPRESO no tienen idea de matemáticas”, el medio sostuvo que la denuncia de La Posta se basó en “la tergiversación de un acta de comparecencia de un distribuidor” de ese diario ante el SRI y que dicho documento tenía cifras alteradas. 

17 de septiembre de 2025. José Julio Neira, secretario General de Integridad Pública y director de la UAFE, publicó un video donde buscó relacionar el caso de los canillitas con el de Sinohydro, que es el nombre de una compañía china que fue investigada por corrupción. Según el gobierno, la conexión de ambos casos supuestamente se dio a través del abogado de la empresa periodística. El mismo día, Expreso cuestionó la intervención de Neira antes de que empezara la investigación del SRI: “Granasa entregará toda la información requerida, pero no aceptará sentencias anticipadas ni intentos de intimidación”. Al día siguiente, la Presidencia recogió la denuncia de Neira en un comunicado. 

26 de septiembre de 2025. El Telégrafo, medio gubernamental, informó sobre el desarrollo del operativo ‘ Fénix 294 – Canillita’, en el que 11 personas fueron notificadas por presunta defraudación. 

Entre el 14 y el 19 de octubre de 2025. Granasa denuncia campañas de troles en redes sociales en contra de Galo Martínez Leisker, presidente ejecutivo de la empresa periodística, y de Expreso, con el uso de inteligencia artificial. 

30 de diciembre de 2026. Mediante un remitido público, Galo Martínez Leisker, presidente y representante legal de Granasa, denunció que el Gobierno está usando a la SuperCias para controlar el 40% de sus acciones y “así tratar de doblegar la línea editorial” de Expreso y Extra. El comunicado estaba dirigido a Luis Cabezas Klaere, superintendente de Compañías. “Solo usted será el responsable ante la historia de su desprestigio”, escribió Martínez. 

31 de diciembre de 2026. La Dirección Nacional de Inspección, Control, Auditoría e Intervención de la SuperCias designó a una delegada para inspeccionar las instalaciones de la empresa en Guayaquil y revisar los libros de acciones y accionistas. Pero la diligencia no se concretó, informó el medio. 

1 de enero de 2026. Granasa informó, a través de sus medios Extra y Expreso, reiteró el intento de la SuperCias de controlar el 40% de sus acciones. Este paquete accionario pertenecía a la empresa Veranera, cuya propietaria es también Ingrid Martínez, hermana de Galo Martínez Leisker. Pero en 2020, Veranera vendió esas acciones a Ingrid Martínez. Según Granasa, la SuperCias argumentó que no hay “trazabilidad” de esa operación y ahora busca que esas acciones regresen a Veranera, una empresa que está en liquidación, explicó Granasa. Para esto, SuperCias habría nombrado un liquidador para administrar ese paquete accionario, advirtió la empresa periodística. 

Este día, Granasa informó además que la Fiscalía General inició una investigación previa en su contra por un “inexistente delito de lavado de activos” en el que ya rindió versión.

5 de enero de 2026.  Granasa respondió a la SuperCias. Su procurador judicial, Eduardo Carmigniani, sostuvo que el pedido de esta institución es nulo porque no explica a qué se refiere cuando habla de una falta de trazabilidad del traspaso de acciones. La SuperCias, según Granasa, le dispuso que transfiera nuevamente esas acciones a Veranera. 

Ese mismo día, la SuperCias, en un comunicado, afirmó que el control a Granasa “se rige estrictamente por criterios técnicos” y que “se abstendrá de emitir pronunciamientos oficiales por medios de comunicación respecto de procesos de control en trámite”. Este comunicado es lo primero que se despliega en la página oficial de la SuperCias desde esa fecha.

12 de enero de 2026. Luis Alberto Cabezas-Klaere, superintendente de Compañías, acudió a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Negó que el Gobierno quiera apropiarse de las acciones de Granasa y pidió a los periodistas no tener “falso espíritu de cuerpo”. En su comparecencia dijo: “Actualmente, el Estado ya es, a través de Inmobiliar, accionista de Granasa”. Eso se debe, según Cabezas, a una sentencia de la Corte Constitucional del 21 de noviembre de 2024, en la que se ordena restituir al Estado los bienes de los hermanos Isaías.

Según la página de la SuperCias, Inmobiliar es accionista minoritaria de la empresa periodística desde el 3 de diciembre de 2025. 

16 de enero de 2026. Expreso denunció que el Gobierno lo ha excluido de eventos oficiales que estaban programados para ese día, organizados por los ministerios de Ambiente y Energía y de Economía. 

21 de enero de 2026. El juez Eduardo Camilo Santamaría Encalada negó la acción de protección que presentó Ingrid Martínez Leisker contra el intento de la SuperCias de revertir sus acciones. 

28 de enero de 2026. Granasa alertó que el Gobierno, ahora a través de Inmobiliar, “está intentando forjar, con improcedentes pedidos de información, arbitrarios caminos para que la Superintendencia de Compañías, torciendo la ley y vulnerando la seguridad jurídica, pretenda intervenir la empresa”. Andrea De la Torre, directora zonal 8 de Inmobiliar, envió el pasado 27 de enero a Granasa un extenso pedido de información sobre sus asesores legales, estados financieros, auditorías externas, etc., acción que fue calificada por el medio como “hostigamiento” y se negó a entregar la información. 
19 de febrero de 2026. La Supercias intervino Granasa. La acción se debe a la negativa de la empresa a entregar información a Inmobiliar. Esta institución está controlada por la Presidencia de la República desde el pasado 14 de febrero, por un decreto firmado por el presidente Daniel Noboa.

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