La intervención de un medio nacional, ataques digitales y una amenaza de muerte marcaron febrero de 2026
Más de una veintena de agresiones fueron levantadas por la FPSC en febrero. La intervención de Granasa, editora de los diarios Expreso y Extra generó cuestionamientos de organizaciones nacionales e internacionales que defienden la libertad de expresión.
05.03.2026
La Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC) levantó 22 agresiones a periodistas y a medios de comunicación durante febrero. Si bien se reporta una baja de casos respecto a enero, en el que la organización registró 32 agresiones, este segundo mes no deja de ser un periodo violento para el ejercicio periodístico.
En febrero, un 50% del total de agresiones estuvieron dirigidas a medios de comunicación, un 36% a periodistas hombres y un 14% a periodistas mujeres. De las 22 agresiones a la prensa, catorce fueron ejercidas por actores estatales.
Durante febrero se registraron dos casos que preocupan a la FPSC por el impacto que tienen para la libertad de expresión en Ecuador. El primero fue la intervención de la Superintendencia de Compañías a Granasa, editora de los medios Expreso y Extra. Este hecho ocurrió el pasado 18 de febrero de 2026, cuando este organismo de control notificó a la empresa periodística esta decisión para “supervigilar la marcha económica financiera y propiciar la corrección de las irregularidades advertidas, a fin de evitar perjuicios a sus socios y/o terceros”, amparándose en el numeral 5, del artículo 354 de la Ley de Compañías.
La razón de la intervención respondería a la negativa de Granasa de entregar información sobre sus estados financieros, auditorías externas y el detalle de los asesores legales a la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar), entidad adscrita recientemente a la Presidencia de la República. A criterio de Granasa esto constituye un acto de hostigamiento.
Entre el 10 de septiembre de 2025 y el 19 de febrero de 2026, la FPSC ha registrado al menos 16 acciones de censura, abuso de poder y hostigamiento contra la empresa periodística como denuncias de presunta evasión tributaria, intentos de control accionario de la empresa, campañas de desprestigio, entre otras.
A finales de febrero, el abogado de Granasa, Eduardo Carmigniani, aseguró en un espacio radial que altos funcionarios del Gobierno habrían presionado a los dueños de Granasa a despedir a Martín Pallares y Roberto Aguilar, dos columnistas críticos con el Gobierno.
A este abuso del poder estatal se suma otro hecho que despertó la preocupación de organizaciones nacionales e internacionales que tildaron al hecho de censura previa. Se trata de un documento de las Fuerzas Armadas del Ecuador con una serie de lineamientos para restringir la entrada a eventos institucionales a medios y periodistas que tengan una línea editorial crítica con la institución y cuya actuación reiterada resulte perjudicial para la imagen de las Fuerzas Armadas.
Debido a la presión mediática, las Fuerzas Armadas, mediante un comunicado oficial, aseguraron que el documento está en revisión y no se encuentra vigente. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil lograron la recolección de firmas de más de 300 personas, entre periodistas, ciudadanos y organizaciones que instan a la institución a que se derogue formalmente el documento.
¿Qué pasa en otras provincias?
En la provincia amazónica de Morona Santiago varios periodistas que tienen sus medios de comunicación a través de la plataforma de Facebook denunciaron que sus contenidos han sido censurados con frecuencia o dados de baja por ataques de trolls.
El 3 de febrero, Elizabeth Cuesta, directora del medio digital Casa Independiente Amazónica, denunció que una entrevista al exalcalde de Morona Santiago, Franklin Galarza, fue censurada. Esto ocurrió después de varios reclamos (bots de trolls) que derivaron en la restricción del video. La periodista denunció el uso de mecanismos digitales y reclamos intencionados para silenciar contenidos de interés público.
El 25 de febrero, Rashid Cueva y Carlos López, directores de Canal 7 Sucúa y Macas News, respectivamente, sufrieron una suplantación de identidad de sus plataformas digitales. Facebook eliminó permanentemente a Canal 7 Sucúa por supuesta suplantación de identidad, asegurando que ya existía una página con el mismo nombre. A Macas News le sucedió lo mismo, pero en su caso, Facebook solamente bloqueó la página.
A criterio de Cueva estos ataques digitales son cada vez más comunes y respondería a intereses políticos de funcionarios que contratan trolls para que denuncien contenidos de interés público eliminarlos. “Nosotros damos a conocer la denuncia ciudadana y como medio de comunicación tenemos que ejercer un cierto nivel de presión y esto no les gusta a las autoridades. He tomado la decisión de crear una nueva página desde cero”, aseguró el comunicador amazónico que perdió 19 mil seguidores que había logrado conseguir desde 2019.
Otra agresión que la FPSC registró en febrero fue la amenaza de muerte a Jonathan Quezada, corresponsal de Teleamazonas en la provincia de Bolívar. El 07 de febrero de 2026, Quezada compartió un video difundido en Facebook que cuestionaba una supuesta vinculación del alcalde de Guaranda, Inti Yumbay y de su círculo cercano que incluye a Diego Lara, funcionario del Municipio, con presuntos actos de corrupción en el caso Jaque relacionado con la venta ilegal de licencias de conducir.
A raíz de esto, Quezada recibió un mensaje de audio en el que le atribuían la autoría de ese video advirtiendo que no “meta las narices donde no debe” refiriéndose al círculo cercano del Alcalde de Guaranda. “Usted cree que no es fácil mandarlo a matar a usted si ya hemos mandado a matar a candidatos a la presidencia”, dice uno de los mensajes.
Quezada, quien niega la autoría del video, presentó una denuncia en la Fiscalía. Después del trámite volvió a recibir nuevas amenazas. “Ya lo tengo ubicado, a pesar de que ponga sus denuncias, usted no sabe con quién está jugando”.
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