Iván Navas Chacón, un funcionario incómodo ante el escrutinio público
El gobernador de Cotopaxi es un exmilitar que no solo rechaza pedidos de información y se resiste a responder entrevistas. También aparece en el Informe de la Comisión de la Verdad publicado en el 2010, vinculado con violaciones a derechos humanos.
20.05.2024
Desde diciembre de 2023, por decisión del Presidente de la República, Daniel Noboa Azín, Iván Navas Chacón se encuentra al frente de la Gobernación de Cotopaxi.
Siguiendo la línea de otros nombramientos a la cabeza de las distintas provincias, Navas Chacón cumple con un perfil similar a otros gobernadores: es un militar en servicio pasivo, que llegó al grado de Teniente Coronel.
Navas, quien fue parte también de la Policía Municipal de Loja —cuestionada por los abusos a comerciantes informales— se ha mostrado, durante sus primeros meses de su gestión, resistente al escrutinio de los medios de comunicación, reviviendo un viejo fantasma en su forma de gestionar lo público: la poca disposición a rendir cuentas y a tolerar la crítica.
Rechazos de pedidos de información de parte de esa entidad, resistencia a responder entrevistas o no permitir que otros funcionarios lo hagan, son algunas de las evidencias de la tensa y poco amigable relación que Chacón Navas mantiene con los comunicadores y medios de su provincia.
En meses anteriores, una periodista quien trabaja en varios medios de Cotopaxi, recibió amenazas de muerte en donde le pedían de manera directa —se desconoce hasta el momento de dónde provenía el pedido—, que deje de hablar sobre la Gobernación, una de las fuentes que cubre.
La Fundación Periodistas sin Cadenas levantó una alerta tras la denuncia de Alexandra Moyano, quien aseguraba haber recibido amenazas y hostigamiento tras publicar una información relacionada a la gestión de Navas.
Que era la última vez que abría “el hocico para hablar de la Gobernación” y que si no acataba, iba a “amanecer con moscas en la boca”, le dijeron. Además, quienes la contactaron tenían información sobre la escuela a la que va su sobrino, lo que le generó mucho miedo y preocupación por la seguridad de su familia.
Gloria Taco, corresponsal de diario Expreso y Extra en Latacunga dice que, en general, Navas Chacón evita a la prensa. Ella dice haber hecho pedidos de información relacionados a la inseguridad, la cárcel, o la intervención en Palo Quemado —en donde hubo un enfrentamiento entre campesinos y policías en marzo pasado— que no han sido respondidas. También dice que ha pedido entrevistas pero no las ha obtenido.
Lo mismo ocurrió para la realización de este reportaje: la Fundación Periodistas Sin Cadenas pidió una entrevista con el Gobernador Navas para contrastar algunos de los hechos que presentamos, pero no fue concedida.
Hace dos meses, cuando la organización Fundamedios también emitió una alerta por la amenaza contra la periodista, Navas sí respondió. Su respuesta fue que no conocía sobre la agresión contra Moyano. “No sé qué tenga en contra mío. Yo no tengo nada que ver, no sé nada. No tengo conocimiento, pero me duele que me llamen por estos temas. Por mi naturaleza, soy un militar que quiere la paz, porque sé lo que es la guerra”, dijo Navas a Fundamedios. Añadió además que “la periodista es pagada para hablar mal” de él y que “se debería agradecer que él no ha ido a Fiscalía a poner una denuncia” por lo que él catalogó como “ataques”.
Sin embargo, esa no es la primera amenaza que Alexandra Moyano recibe, aparentemente relacionada a su cobertura sobre la Gobernación.
En febrero recibió llamadas telefónicas con amenazas de muerte y la Fundación Periodistas Sin Cadenas también emitió una alerta violeta, después de que ella recibiera contenido pornográfico en su teléfono celular. Previo a eso, un colega le había advertido públicamente que “no se metiera con el Gobernador”.
Además, en enero pasado, varios periodista de Cotopaxi emitieron un comunicado rechazando la decisión de funcionarios de la Gobernación de restringir el chat de prensa, que pasó de ser un grupo abierto en el que los periodistas podían plantear dudas e inquietudes, a ser un espacio en el que únicamente reciben información sin poder responder.
“Con ello se limitó totalmente la posibilidad de solicitar información a los representantes del Ejecutivo en la provincia, que ya de por sí era escasa y escueta desde que asumió el cargo de Gobernador. Los periodistas hablan de un acto arbitrario que coarta la libertad de expresión”, decía el comunicado.
Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, considera que las autoridades deben tener un nivel alto de tolerancia a la crítica y más alto aún en cuanto a la investigación periodística. Concuerda, además, con la queja de los periodistas. “Se está violando el derecho de acceso a la información pública. Estos son canales institucionales, no personales. Los canales institucionales deben estar completamente abiertos para rendir cuentas, entregar información, responder consultas, no para bloquear al que te insulta”, dice.
Finalmente, la institución abrió otro canal y ahora tienen un chat cerrado y otro abierto para la comunicación con los periodistas.
Taco recuerda también que cuando Navas Chacón fue director de Seguridad del Municipio de Latacunga —entre 2007 y 2009—, tampoco tenía una relación cercana con la prensa. Incluso llegó a prohibir que funcionarios de la Dirección de Seguridad Ciudadana dieran entrevistas.
“No atendía entrevistas con nadie y nadie (de su equipo) podía dar entrevistas. Tuvimos que hablar con el alcalde Byron Cárdenas y ahí pudimos acceder a las declaraciones de otros funcionarios. Él no”, recuerda Taco.
Confirma que hoy la dinámica no es muy distinta. “Cuando vamos a cantones para levantar información sobre los operativos y acciones que realizan jefes políticos o comisarios, todos manifiestan lo mismo: que no pueden dar declaraciones sin previo autorización de la Dirección de Comunicación”, dice Taco.
Otro periodista que trabaja en Latacunga y pidió la reserva de su nombre, confirmó que Navas no es abierto con la prensa. “Habla muy poco y no responde preguntas. Dice dos palabras y se va, uno se queda con la palabra en la boca”, dijo el periodista.
María Dolores Miño, abogada experta en libertad de expresión dice que los funcionarios públicos tienen la obligación de informar de lo que hacen. “El funcionario es empleado de la gente, su deber de informar pasa por un parámetro de neutralidad, es decir, debe hacerlo independientemente de la línea editorial del medio”, dice.
Además, dice que los funcionarios deben evitar también cualquier acto que pueda desincentivar el trabajo periodístico: no solamente las amenazas directas si no también aquellas menos evidentes. “Ciertas formas de amenazas directas incluso son perseguibles penalmente pero también hay las amenazas indirectas como quitar el pautaje, no otorgar acreditaciones para coberturas, etc. Esos son actos inconstitucionales», dice Miño.
Navas, entre violaciones de DD.HH. e inconsistencias tributarias
Navas no solamente ha llevado relaciones tensas con la prensa durante este período, pues en su pasado político fue funcionario en Loja, durante las administraciones del alcalde de Loja, Bolívar Castillo, más conocido como “Chato” Castillo.
Castillo fue conocido por sus constantes enfrentamientos con los medios de comunicación críticos a su administración y por el uso de la fuerza pública para imponer sus políticas, mientras que Navas fue parte de la Policía Municipal señalada por abusos durante esa época.
En el Informe de la Comisión de la Verdad —resultado de una investigación ordenada durante el gobierno de Rafael Correa para esclarecer violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1989 y 2008— aparece el nombre de Iván Navas Chacón.
Los hechos por los que es señalado en el documento ocurrieron entre 1996 y 1997 y están relacionados a la decisión del entonces alcalde de Loja de desalojar, con tropa municipal y maquinaria pesada, a comerciantes informales ubicados en una zona llamada la Quinta Leonor, en esa ciudad del sur del país.
“Gonzalo Piña Burneo, camarógrafo de UV Televisión comenta que el policía municipal Iván Navas era quién agredía todos los días a los vendedores ambulantes”, recoge el informe de la Comisión de la Verdad que concluye que hubo 31 víctimas: 28 víctimas de ejecución extrajudicial, dos de privación ilega de la libertad y una —Petrona María Alulima— de ejecución extrajudicial. Navas Chacón aparece en el informe como uno de los diez presuntos responsables.
Sin embargo, después de lo ocurrido en la Quinta Leonor, Iván Navas fue ascendido: De 2002 a 2004, fue Subcomandante de la Policía Municipal; de febrero de 2004 a enero de 2005, fue Comandante de la Policía Municipal y entre octubre de 2014 y enero de 2016, fue Comandante General de la Policía Municipal. Todos los cargos ocurrieron durante la administración de Castillo, según consta en un certificado del Municipio expedido en diciembre de 2023.
Desde entonces, cada vez que Navas ha ocupado un puesto como funcionario público, tiene la obligación de transparentar sus bienes. Sin embargo, parece que allí también queda debiendo. Al indagar un poco en su pasado y en sus antecedentes, se encuentran varias inconsistencias.
En 2017, Navas declaró tener una casa en Cotopaxi, adquirida el 13 de marzo de 2008, por más de 1 millón de dólares, pero apenas tres años después, en 2020, declaró tener una casa —coincidencialmente adquirida en la misma fecha— cuyo valor es mucho menor: apenas 168.725 dólares.
Por cómo se hace la declaración, se podría pensar que es la misma casa, sin embargo no se entiende por qué el valor cambia tanto. Como ya habíamos indicado, para la realización de este reportaje, intentamos realizar esta consulta directamente a Iván Navas, pero no tuvimos ninguna respuesta a los reiterados pedidos de entrevistas.
En 2024, el actual Gobernador declaró tener una casa en Cotopaxi que fue adquirida el 2 de marzo de 2007, valorada en 350 mil dólares. En 2020, 2021 y 2022 no declaró menaje de casa, pero en 2023 declaró un menaje de casa por 10 mil dólares y no declaró bienes inmuebles.
Se desconoce qué ocurrió con la casa mencionada en años anteriores, pues no aparece en las declaraciones más recientes.
Pasa algo similar con la declaración de un auto Honda del 2004. En 2017, dijo que lo había adquirido el 4 de febrero de 2013 por 2.867 dólares, pero dos años después, en 2019 declaró el mismo carro Honda de 2004 por un valor muy superior al declarado previamente: 10 mil dólares. No se entiende cómo un auto de 2004 pasa a valer más de tres veces más entre 2017 y 2019. En su declaración de 2023 aparece el mismo auto, pero la fecha de adquisición ya no es el 4 de febrero, sino el 3 de mayo de 2010. Ahora su valor baja a 5 mil dólares.
Según Wilson Lozano, economista experto en auditoría pública, cuando se presentan estas inconsistencias, la Contraloría General podría disponer un examen especial para identificar si la no incorporación de alguna información patrimonial fue dolosa o si se trata de una equivocación. Lozano también explica que sí puede haber modificaciones en el avalúo de los bienes pero que hay que poner atención a las causas.
“El objetivo del examen de un auditor es determinar si la variación del valor de los bienes se debe a un proceso de depreciación u valoración; o, si por el contrario, existe un afán de esconder la acumulación de bien”, explica Lozano.
Un funcionario público, que acepta un cargo de representación, está sometido al escrutinio debido a la naturaleza de sus funciones. “En el momento en que, en lugar de mantener una relación enfocada en rendir cuentas, mantienen una relación tensa [con los medios] de señalamientos, de agresiones, están violando los principios más básicos no sólo de la Libertad de Expresión, sino del acceso a la información pública”, dice Mauricio Alarcón.
Navas, licenciado en Ciencias Militares por la Escuela Politécnica del Ejército, ha recibido capacitación en contrainsurgencia y terrorismo; fuerzas especiales y operaciones contra guerrillas. Todo eso parece haberle preparado para enfrentar una guerra pero no para ocupar un cargo público que está en el foco de la atención y el cuestionamiento ciudadano.
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