El oro ilegal del Carchi se convierte en lingotes en Colombia para ser vendido en Ecuador

21.08.2025

El Chical, un pequeño poblado de la provincia del Carchi y fronterizo con Colombia, se ha convertido en la nueva ‘Buenos Aires’. Hasta allí han llegado cientos de personas atraídas por la fiebre de la minería ilegal. Pero en este sector ocurre una situación particular: sus rocas mineralizadas se trasladan a Colombia y de ahí regresan transformadas en lingotes de oro al territorio ecuatoriano. 

Todo comenzó a finales de 2023 e inicios de 2024, cuando las empresas mineras que tienen concesiones legales en esa parroquia empezaron con la explotación y exploración de esos campos. Pero con ellos, también llegaron mineros del sur del Ecuador y de otros países como Colombia, Perú y Venezuela, que se instalaron en la comunidad de El Pablo, en el noroccidente de El Chical. Ahora, las disidencias colombianas controlan este negocio ilegal. 

En El Chical —al igual que en la parroquia de Buenos Aires, de la provincia de Imbabura—  se abrieron bocaminas (túneles dentro de la tierra para extraer la roca con minerales), se instalaron campamentos, crecieron negocios como la venta de alcohol y la prostitución y se propagó la inseguridad. 

A diferencia de otras zonas mineras del país, en esta parroquia carchense las montañas de donde se extraen las piedras con oro están cerca a caminos de segundo orden, lo que facilita su movilización. El coronel Christian Unda, comandante del Batallón de Infantería Mayor Galo Molina de Tulcán, informó que las actividades extractivas en El Chical y Maldonado —otra parroquia del Carchi— se realizan a través de bocaminas, una modalidad distinta de la minería aluvial que opera en los lechos de los ríos de la Amazonía ecuatoriana.

La minería ilegal en esta zona del norte del país empieza con una exploración irregular del terreno y la negociación del espacio a minar entre el propietario del predio y el minero informal. Por el arriendo de una bocamina, de un metro cuadrado, los dueños del terreno reciben hasta 1.000 dólares mensuales, según contó un poblador de la parroquia, que pidió reserva de su nombre por temor a represalias. 

El número de bocaminas que se pueden excavar dependen del área de la propiedad. Las ganancias que generan cada una de ellas se divide supuestamente en seis partes: para pagar al dueño del terreno, a los mineros, a los militares, a los policías y a los dos grupos de disidentes que están en la zona, que son Los Comuneros del Sur del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la Segunda Marquetalia de las extintas FARC. Esto lo manifestó el mismo habitante consultado para esta investigación. El coronel Unda confirmó que existen militares investigados por presuntamente entregar información a los grupos colombianos. 

A través de tarabitas, poleas y puentes se transportan bultos de piedras e insumos para el procesamiento del oro desde El Chical hasta Tallambí, un poblado del departamento de Nariño a cinco minutos de esta comunidad carchense. El puente El Hojal, ubicado en la misma zona, fue usado para esta y otras actividades ilegales como el contrabando de explosivos y el tráfico de drogas. Los militares ecuatorianos y colombianos, en una operación binacional, lo destruyeron en febrero de este año. 

La maquinaria, que proviene de Ecuador, también pasa por piezas a Colombia a través de estas poleas y pasos informales. Posteriormente, son armadas y ensambladas. Los grupos armados pagan a los habitantes de la zona para instalar estas infraestructuras que son desmontables. Hasta la fecha, militares ecuatorianos han destruido 43 tarabitas. Estos mecanismos que van de Ecuador a Colombia se inhabilitan, pero a los pocos días vuelven a funcionar. “Es cuestión de conseguir un tronco, tiemplan un cable y la polea está activada”,  explicó Unda. 

En Mayasquer —un resguardo indígena colombiano del pueblo de los Pastos al que pertenece Tallambí— se levantó un complejo minero con alrededor de 30 campamentos para procesar la piedra. El complejo empezó a operar desde noviembre de 2024. Alexandre Dasilveira, comandante del Grupo General José María Cabal de Ipiales, detalló que los campamentos tenían distintas funciones. En unos estaban los costales de piedra o arena, los  molinos —conocidos también como chanchas— y las piscinas de oxidación. Y en otros estaban los hornos para la fundición. También había un área de descanso para 40 mineros. 

La mayoría de estos campamentos fue construida con tabla y cubierta con plástico negro para evitar ser identificada desde el aire. También se levantaron otros más sofisticados con estructuras de concreto y techos de zinc. 

En este laboratorio minero —escondido en medio de la selva— se trituraba la piedra. El material pulverizado pasaba a las piscinas de oxidación con carbón activado, que sirve para recuperar el metal precioso. Finalmente, el oro iba a un horno para su fundición y luego a un molde para formar el lingote.

El comandante colombiano dijo que una máquina especializada en triturar la piedra puede costar alrededor de 250.000 dólares. Mientras que el valor de un campamento, de 50 metros cuadrados, llegaría aproximadamente a un millón de dólares, dependiendo de los equipos que posea, según el oficial.  

En un operativo de junio de este año, los militares de Colombia y Ecuador destruyeron 10 campamentos, en siete de ellos se almacenaba los costales de piedra y en los restantes se la procesaba, pero los comuneros impidieron que se afecte a todo el complejo. Cerca de 20 campamentos se quedaron sin intervenir, es decir casi el 70% de la instalación minera ilegal quedó intacta.  

“Empezamos a destruir (los campamentos), pero pusieron a mujeres y niños y no dejaron que sigamos con la destrucción de los mismos (…). Para no poner en riesgo la integridad de los civiles optamos por salir del área”, manifestó Dasilveria. 

Durante el mismo control, los uniformados encontraron alrededor de 400 costales de material aurífero en los campamentos. Según el militar colombiano, los disidentes perdieron alrededor de 4,5 millones de dólares, que corresponde a la producción mensual de los 10 campamentos que destruyeron. Pero estas infraestructuras siguen operando, agregó este oficial. 

Dasilveira confirmó que el oro procesado regresa por la misma ruta al Ecuador convertido en lingotes, porque es más fácil transportar y comercializar. Para ello utilizan personas, a quienes llaman mulas, que se encargan de traer de vuelta a El Chical las barras del metal. 

El oro  es embarcado en camionetas de alta gama, que toman la ruta El Chical-El Carmen-Lita-Ibarra, en el norte del Ecuador. Usan estos automotores porque son todoterreno y alcanzan altas velocidades lo que les permite evadir controles, afirmó una autoridad local ecuatoriana que pidió el anonimato. 

Una persona vinculada con la minería narró al equipo de esta investigación que los lingotes son llevados a complejos de minería ilegal en el centro del país, en los cantones Camilo Ponce Enríquez, en Azuay, y Portovelo y Zaruma, en El Oro. Allí nuevos compradores adquieren el mineral y lo venden supuestamente a empresas legalmente constituidas que envían el oro al extranjero. 

Hasta la tercera semana de julio pasado, el oro ingresó a Ecuador. En los últimos días de ese mes, el Bloque de Seguridad del Carchi, conformado por militares, policías y personal de la Gobernación, intervino en El Pablo. Se destruyeron 44 estructuras de caña, una de construcción mixta que servía de logística y diversión para las personas que se dedican a la minería ilegal. Además se decomisaron carabinas, motores de luz, taladros y explosivos. 

El Chical, de poblado apacible a un ferviente centro minero

El Chical es una parroquia del cantón Tulcán, ubicada en el noroccidente de la provincia del Carchi. Limita con los municipios de Cumbal y Ricaurte del departamento de Nariño, de Colombia. 

Más del 68% de la población pertenece a la etnia Awá y la mayoría de sus pobladores carece de servicios básicos; el 41% de los hogares tiene acceso al líquido vital, pero no es agua potable, y solo el 23% tiene alcantarillado.

Con apenas 4.403 habitantes, El Chical se caracterizaba por sus escasas casas y negocios. Un parque, una iglesia y dos destacamentos, uno militar y otro policial, completaban el paisaje de esta pequeña comunidad de la Sierra ecuatoriana que vivía de las actividades agrícolas, ganaderas, del turismo comunitario y de la minería artesanal. 

Esta población tiene solo una vía principal sin asfalto para el ingreso y la salida de sus habitantes. Por ahí, la circulación de vehículos y peatones solía ser mínima. 

Pero esto cambió desde el año pasado con el avance de la minería ilegal. El coronel Dasilveira contó que, en junio pasado cuando participó en el operativo militar, se sorprendió por el aumento de la población, de los comercios y de los automotores con vidrios polarizados con placas colombianas o de la Costa ecuatoriana que circulaban a toda hora.

Cuatro pobladores de la parroquia, que insistieron en que no se revele su identidad, coincidieron en que el pueblo ya no es la zona apacible y tranquila desde hace meses. Con la llegada de decenas de foráneos el silencio se impuso en la comunidad. La gente solo se limita a saludar.

El incremento de la población trajo consigo el aumento de la demanda y el costo de hospedaje, alimentación, salud y servicios básicos. Por ejemplo, antes los hoteles recibían esporádicamente visitantes. Ahora, los huéspedes alquilan de forma indefinida las habitaciones por las que pagan mensualmente 200 dólares. Mientras que la renta de una vivienda pasó de 120 a 1.000 dólares en algunos casos. En la misma casa pueden llegar a vivir hasta 40 personas. 

Antes del boom de la minería ilegal, el único día de feria era el viernes, pero ahora es de martes a domingo para comercializar instrumentos y ropa para esa actividad ilegal.

Todos los negocios crecieron. Los precios de los productos se elevaron a casi el triple en tiendas, restaurantes, farmacias, mecánicas y otros servicios. El comercio también se trasladó a la carretera que comunica a la comunidad El Pablo, sitio donde se concentra la minería ilegal. A lo largo de esta vía se levantaron kioscos y covachas (estructuras de madera  temporales) de venta de alimentos y bebidas. Estos puestos ahora cuentan con el permiso de ocupación de suelo.

Todo este movimiento comercial ha generado que en este sector circulen grandes sumas de dinero. Por ejemplo, el pasado 25 de junio, personal del destacamento militar de Tufiño —a 72 kilómetros de El Chical— retuvo un vehículo de placas colombianas con 132.000 dólares. Según Unda, agentes de inteligencia militar confirmaron que el dinero salió de El Chical. 

Los mineros de Buenos Aires pasaron a El Chical

En el noroccidente de Tulcán, sobre todo en las poblaciones de El Chical, Maldonado y Tobar Donoso, las actividades de minería artesanal han sido permanentes y en pequeña escala. Las primeras investigaciones sobre megaminería en el país se realizaron en la década de 1990. De acuerdo a datos oficiales, citados en un artículo académico de Mireya Levy, más del 90% del territorio de El Chical está concesionado.

En febrero de 2010 se entregó en El Chical la primera concesión llamada Magdalena a la empresa RW Gold RWGold C.A. para exploración y explotación, bajo el régimen de pequeña minería, según la Agencia de Control Minero (Arcom).

Ahora existen cuatro concesiones más en esta parroquia, dice un documento de la Arcom enviado al equipo de esta investigación. En 2017, la Empresa Nacional Minera (Enami EP) obtuvo la concesión Espejo 04. Y en el mismo año se entregó tres concesiones más (Chical 1, 2 y 3) a la compañía Carnegie Ridge Resourses S.A. Las tres están bajo el régimen de “gran escala” (explotación de grandes yacimientos de minerales) para actividades de exploración de minería metálica a cielo abierto. 

Pero el descontento de la comunidad creció ante el desarrollo de las actividades de estas compañías. En junio de 2023, pobladores de las parroquias de El Chical y Maldonado realizaron una marcha en Tulcán en la que exigían a las autoridades cantonales y provinciales el bloqueo de las empresas mineras. Los pobladores denunciaron daños ambientales y la contaminación de los afluentes que causaba daños en la piel de los niños.

Desde ese momento, los habitantes también empezaron a advertir sobre la presencia de mineros informales foráneos que se acercaban atraídos por los rumores de la pureza del material aurífero de la zona.

El equipo de esta investigación pidió a las tres empresas mineras su versión sobre esas denuncias y su opinión sobre la presencia de minería ilegal en zonas aledañas a sus concesiones. En el caso de las empresas privadas, las preguntas fueron enviadas a sus correos electrónicos registrados en la Superintendencia de Compañías. Pero hasta la publicación de este reportaje sus respuestas no llegaron. En el caso de Enami EP, contestaron que el requerimiento estaba siendo analizado por la Gerencia General. 

El coronel Christian Unda dijo que el personal militar tiene registros de actividades de minería ilegal a gran escala desde abril del 2024. Un poblador de la parroquia, que no autorizó la publicación de su nombre, manifestó que en septiembre de ese mismo año observó que se intensificó la presencia de personas de Colombia, Perú, Venezuela y del sur del país (El Oro, Zaruma, Loja).

El 10% de los mineros ilegales de Buenos Aires, dijo Unda, cruzaron de Imbabura al Carchi y se movieron hacia el norte de esta última provincia. Posiblemente pasaron por El Cielito, en el cantón Mira, y luego siguieron la veta hacia El Pablo, en El Chical.  A este lugar se llega después de una caminata de 40 minutos. Es más accesible que Buenos Aires, en Imbabura, donde se arriba después de dos horas y media de camino.

Los grupos armados de Colombia, dueños de la minería ilegal 

Al ingreso de Tallambí, junto al puente fronterizo que une a esa población colombiana con El Chical, flamea una bandera roja y negra. Con letras blancas, están escritas las letras “F.C.SUR”, que significa Frente Comuneros del Sur, una disidencia del ELN que en abril pasado se desmovilizó. Pero Dasilvera informó que este grupo armado sigue actuando en este sector y es el que cobra las extorsiones para que los mineros ecuatorianos puedan trabajar. 

Pero no es la única. En este lugar, también operan miembros del Frente Iván Ríos, de la Segunda Marquetalia, una disidencia de las extintas FARC.

Los primeros tienen jurisdicción desde el suroriente de Nariño y Putumayo hasta Tallambí en el municipio de Cumbal (El Chical). Y los segundos, desde Tallambí hasta el municipio de Ricaurte (El Chical y Tobar Donoso). Las dos disidencias tienen un pacto de no agresión y mantienen el monopolio de la minería ilegal, según Dasilveira.

El comandante colombiano afirma que estas estructuras delictivas se dedicaban al cultivo de coca, tráfico de estupefacientes, armas y contrabando. Pero desde hace un año estos delitos se quedaron rezagados debido a la minería ilegal y a la extorsión. Ahora, agregó el oficial, son ellos quienes controlan y se financian de la minería ilegal que se realiza en ambos lados de la frontera.

Dasilveira explicó que el valor y la demanda del clorhidrato de cocaína disminuyó en los países consumidores. En Estados Unidos, por ejemplo, la cocaína fue reemplazada por el fentanilo, un alcaloide más económico y diez veces más adictivo.

Además, el cultivo de las hojas de coca, su procesamiento y su transporte requiere de un trabajo más largo que el de la minería, y nada certifica que los cargamentos lleguen a su destino. Mientras que la extracción de oro es más rápida y mueve altas sumas de dinero.

De acuerdo con Dasilveira y a los reportes de la inteligencia colombiana, estos grupos delictivos intentaron explotar oro en su territorio, pero no encontraron minas por lo que se desplazaron hacia El Chical.

El Ejército colombiano no cuenta con puntos fijos a lo largo de la frontera común con el Ecuador, sino patrullas móviles. El terreno es agreste y complejo, lo que dificulta el abastecimiento y la comunicación de las tropas, dijo Dasilveira. Los caminos son intransitables y la comunicación es difícil. Los patrullajes y las operaciones que el Ejército colombiano realiza en la zona de frontera son esporádicas, no permanentes, reconoció Dasilveira. Por eso, se apoyan del Ejército ecuatoriano.

La presencia de armados en la frontera común no es reciente. Desde hace más de dos décadas, durante el conflicto armado colombiano, los guerrilleros solían pasar a El Chical sin armas para descansar, recibir atención médica y comprar víveres. Es decir, no se involucraban con la población, según recuerdan sus habitantes. 

Pero desde que la minería ilegal está presente en El Chical ahora imponen su ley. Por ejemplo, han establecido que el consumo de alcohol solo sea hasta las 24:00 y la única cerveza autorizada es la de marca Corona, según confirmaron tres fuentes a esta investigación. 

Los disidentes cuentan también con redes de informantes. Antes de llegar a Maldonado y El Chical, ellos conocen quienes viajan para esta zona. Cuando se trata de autoridades de control impiden su paso provocando derrumbes.

Estas disidencias han llegado hasta intimidar y agredir a la población. El pasado 17 de julio, un poblador de El Pablo fue asesinado con 17 impactos de bala. De acuerdo a pobladores, el hombre estaba vinculado con la minería ilegal a través del cobro de vacunas. Sus familiares no permitieron que las autoridades se lleven el cadáver.

Ahora, la zozobra es el nuevo ritmo de vida en El Chical.

*Este reportaje se realizó gracias al programa de becas de producción de nuestra Red de Periodismo de Investigación, un proyecto de la Fundación Periodistas Sin Cadenas.

Puede leerse también en Plan V.

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