Patrón de silencio: el acceso a la información pública en medio de la violencia en Ecuador

07.11.2025

Desde 2018, Ecuador atraviesa la peor crisis de seguridad de su historia. La violencia delictiva y la influencia sin precedentes del narcotráfico han llevado al país a superar, año tras año, los índices de inseguridad y criminalidad, hasta convertirlo en el país más violento de América del Sur y en uno de los más peligrosos de Latinoamérica, que a su vez es la región más conflictiva y violenta del mundo.

Los brotes de violencia, que comenzaron en la frontera norte con el secuestro y asesinato en cautiverio de periodistas y civiles, fueron en aumento hasta derivar en una crisis carcelaria que se inició en 2021 y se extendió durante cuatro años, con el asesinato de más de 500 personas privadas de libertad (PPL). Para 2023, la crisis de seguridad llegó a las calles y provocó una tasa de 46 muertes violentas por cada 100.000 habitantes: la peor cifra de la historia ecuatoriana. La violencia aún no ha logrado ser contenida. Incluso, según cifras oficiales del primer semestre de 2025, este año ese indicador podría superarse aún más. Este contexto de creciente violencia que atraviesa Ecuador se complica aún más por la inestabilidad institucional que ha vivido el país. En este período, ha habido cuatro administraciones presidenciales. Incluso, una de ellas se interrumpió mediante la activación de la figura conocida como muerte cruzada, con la que el expresidente Guillermo Lasso disolvió los poderes Ejecutivo y Legislativo y convocó a elecciones anticipadas y extraordinarias.

Con estos antecedentes, el periodismo en Ecuador enfrenta grandes retos para informar con veracidad y precisión sobre lo que ocurre en el marco de la crisis de seguridad, así como para constituirse en una herramienta de fiscalización del poder político y del accionar de las fuerzas públicas, de manera que la ciudadanía cuente con información suficiente. Este informe tiene como objetivo revelar, documentar y analizar los problemas habituales y las trabas estructurales que enfrentan diariamente los periodistas que cubren fuentes de seguridad y judiciales en el país, mismos que limitan el acceso a la información en las coberturas.

En enero de 2024, el presidente Daniel Noboa declaró al país en conflicto armado no internacional (CANI) y calificó como grupos terroristas a 22 bandas criminales que han desatado violencia en calles, cárceles y comunidades. Esta declaratoria ha sido observada en varias ocasiones por la Corte Constitucional (CC), en el control que realiza a los decretos de estados de excepción. Sin embargo, el CANI sigue siendo utilizado como argumento por parte de las autoridades estatales para describir lo que denominan una guerra interna. En este contexto, el rol de los periodistas no solo ha cobrado una relevancia especial, sino que también se ha vuelto más riesgoso y, en muchos casos, más difícil de ejercer.

Una de las principales dificultades que enfrentan los periodistas que cubren estas fuentes -según se ha evidenciado en mesas de diálogo, entrevistas y talleres realizados po rla Fundación Periodistas Sin Cadenas- es la imposibilidad o dificultad sistemática de acceder a información pública en
entidades clave como la Fiscalía General del Estado (FGE), el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

Las trabas no se limitan al difícil acceso a documentos, cifras o reportes oficiales, sino que también incluyen la ausencia de vocerías, la negativa de entrevistas, la evasión de responsabilidades informativas y, en algunos casos, el silencio institucional. Esta situación ha derivado en coberturas incompletas, descontextualizadas o fragmentadas que impiden a la ciudadanía comprender el verdadero alcance de la crisis que enfrenta el país. Así como un incre mento de riesgo en el riesgo del ejercicio periodístico, ya que los reporteros tienen que recurrir, cada vez con más frecuencia a fuentes extraoficiales, incluso a los miembros de las bandas narcodelictivas para obtener información.

Estas trabas no se manifiestan de forma aislada. Por el contrario, el análisis que se presenta a continuación parte de la hipótesis de que existe un patrón institucional que, aunque aparentemente no es intencional o planificado, cubre con una capa de opacidad al trabajo estatal en materias de seguridad y judicial.

Este patrón es causado principalmente por el temor a represalias como el cierre de una fuente, la ausencia de protocolos de comunicación estandarizados en las fuentes de seguridad y judiciales, la burocracia excesiva, la falta de voceros autorizados y una cultura de secretismo que se ha acentuado en el contexto de inseguridad y tras la declaratoria del CANI.

En este patrón de silencio sistemático hacia el trabajo periodístico se evidencia una especie de círculo vicioso. Mientras más grave es la crisis, incluso tras la declaratoria de una supuesta guerra interna, mayor hermetismo por parte de las instituciones.

Del otro lado de la ecuación, en cambio, mientras menos información se brinda por parte de estas entidades, sus autoridades y los aparatos estatales de comunicación, más difícil es para el periodismo combatir la desinformación, narrar los hechos y ejercer un rol crítico que cuente con todas las versiones y visiones dentro de un hecho concreto o un análisis más global de lo que está ocurriendo en Ecuador en materia de seguridad.

Los periodistas entrevistados para la realización de este informe describen escenarios donde las fuentes institucionales están poco dispuestas o dan largas sin razones lógicas para brindar datos básicos como el número de víctimas, los responsables de hechos delictivos o los avances en investigaciones penales.

Además, de que las entidades públicas ignoran por completo los preceptos periodísticos de la inmediatez. En el caso de la Fiscalía, por ejemplo, muchos comunicadores reportan que sus solicitudes demoran semanas en ser atendidas, incluso si estas se refieren a temas coyunturales o a pedidos de comentarios puntuales ante hechos que se suscitan de imprevisto por denuncias públicas. En el del SNAI, la situación es aún más crítica, considerando que esta entidad ha sido señalada como una de las más opacas, incluso frente a la presión pública tras masacres carcelarias.

En el caso de la Policía y las Fuerzas Armadas, la narrativa institucional ha priorizado lo propagandístico frente a lo informativo, limitando el acceso real a datos verificables sobre operativos, detenciones o decomisos. La UAFE, por su parte, ha sido particularmente restrictiva con los periodistas que intentan indagar en temas de lavado de activos o financiamiento del crimen organizado, incluso cuando estos casos ya han sido mencionados en otras investigaciones judiciales.

A este panorama se suma el hecho de que, en muchas ocasiones, ni siquiera es posible obtener entrevistas formales u “off the record” con funcionarios de estas instituciones. Esta limitación informativa constituye en sí misma una forma de censura estructural que limita el ejercicio del periodismo y que, en ciertos casos, puede considerarse un atentado al derecho al acceso a la información pública consagrado en la Constitución ecuatoriana y en tratados internacionales de derechos humanos. En este sentido, el presente informe no solo pone en evidencia la falta de acceso a datos, sino también la ausencia de voluntad estatal para generar una relación mínima de apertura, transparencia y colaboración con la prensa.

La elaboración de este documento se basa en una metodología cualitativa y cuantitativa. Por un lado, se recopilaron testimonios directos de cinco periodistas que han cubierto fuentes judiciales y de seguridad en Quito, Pichincha; Manta, Manabí; Tena, Napo; y Guayaquil, Guayas; a través de entrevistas individuales.

Estas voces anónimas, por razones de seguridad, permiten ilustrar los impactos reales que tiene la falta de información en las coberturas periodísticas. Por otro lado, se recogieron datos oficiales sobre solicitudes de acceso a la información y sus tasas de respuesta, a través de pedidos a la Defensoría del Pueblo y el uso de herramientas como el Portal de Transparencia LOTAIP y otras fuentes públicas.

También se entrevistaron a la responsable de la Defensoría del Pueblo sobre transparencia y acceso a la información, un representante gremial nacional de periodismo y un experto en derecho a la información y libertad de expresión. En conjunto, esta introducción busca situar a la sociedad en el marco de análisis que propone el informe: una crisis estructural de acceso a la información pública en temas judiciales y de seguridad, en medio de un contexto de violencia e inestabilidad institucional, que compromete seriamente el trabajo de los periodistas y el derecho de la ciudadanía a estar informada. Lejos de ser un cúmulo de experiencias aisladas, los datos y testimonios aquí presentados muestran que el problema es persistente, profundo y urgente de resolver.

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Publicado el Amenazas al oficio | Etiquetado amenazas, libertad de expresión en Ecuador, libertad de prensa, periodismo