Periodismo amazónico: entre la precariedad laboral, la minería ilegal y los problemas de conectividad

24.11.2025

La región amazónica ecuatoriana contempla un área aproximada de 120.000 kilómetros cuadrados y reúne a las provincias de Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. Es una región rica en biodiversidad y que provee al país de recursos como minerales, madera y petróleo, siendo este último de vital importancia para la economía ecuatoriana y global.

Según las cifras del Observatorio de la Política Fiscal, citadas por el medio digital Primicias, en 2024, el sector petrolero generó ingresos por 14.839 millones de dólares para Ecuador. De esta cifra, 9.406 millones de dólares provinieron de la exportación de crudo y 5.433 millones de dólares de la venta interna de derivados y exportación de fuel oil para uso in-dustrial. Orellana es la provincia que lidera la producción de petróleo en la Amazonía, territorio en el que se encuentran importantes proyectos petroleros, como el Bloque 43 – ITT y el Bloque 44, operados por Petroecuador.

Otras provincias amazónicas como Sucumbíos, Napo y Zamora Chinchipe, en cambio, concentran la producción minera. En estas zonas, se levantan iniciativas como el Proyecto Minero Tena y el Proyecto Mirador, que es la primera mina metálica a gran escala del Ecuador operada por la empresa
Ecuacorriente.

Solo en la Amazonía, la actividad minera aumentó casi un 300% entre 2015 y 2021, según datos del proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) y la Fundación Ecociencia, citados en el informe ‘Minería: actores armados y estatales amenazan la cobertura periodística’, que la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC) publicó en 2025.

Este crecimiento de la industria, sumado al aumento de la violencia, la criminalidad en Ecuador y la pobreza estructural que azota a estos territorios, han causado el surgimiento de actividades mineras al margen de la ley, generando no solo un severo impacto ambiental sino también disputas de grupos criminales por controlar los territorios.

La organización Human Rights Watch, con la alianza investigativa Amazon Underworld y la organización no gubernamental Amazon Watch, publicó en 2025 el informe “En las sombras del Estado: economías ilícitas y control armado en la trifrontera de Colombia, Ecuador y Perú”, que evidencia que una disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) conocida como los Comandos de Frontera (CDF) y otras organizaciones criminales ecuatorianas como Los Lobos y Los Choneros compiten por el control de la producción de cocaína y la minería metálica ilegal en la Amazonía. El informe cita un dato del Ministerio del Interior de Ecuador, que asegura que la minería ilegal representó
más de 1.300 millones de dólares en oro en 2024.

Si bien los índices de violencia en la región Amazónica no secomparan con los de la zona costera ecuatoriana, dos de las seis provincias amazónicas presentan un incremento en las muertes violentas desde el 2022 hasta agosto de 2025. Orellana pasó de 24 muertes violentas en 2022 a 58 en 2023, 108 en 2024 y 84 en los primeros nueve meses de 2025, según el portal de datos abiertos de la Policía y del Ministerio del Interior. Sucumbíos, en cambio, pasó de 82 casos en 2022
a 157 en 2024, y 82 en los primeros nueve meses de 2025.

En este contexto, el periodismo amazónico en lugar de fortalecerse para exponer esta y otras realidades de sus territorios y comunidades, se ha visto seriamente amenazado. Al menos cinco periodistas contactados para este informe desistieron de ser entrevistados, y quienes aceptaron explicaron que prefieren no cubrir a profundidad temas sobre criminalidad, conflictos ambientales y minería ilegal por temor a represalias.

Sin embargo, reconocen que sus territorios aún no han sido tomados en su totalidad por el crimen organizado, que la violencia aún no permea toda la región y que la precariedad laboral es la principal amenaza para el ejercicio periodístico, pues no logran conseguir empleo formal o sostener sus emprendimientos editoriales.

Aseguran que existen pocas plazas de trabajo, sueldos bajosy pautas publicitarias de empresas mineras y de gobiernos locales, que ponen en riesgo las líneas editoriales más independientes. Además, la misma precariedad laboral impide que los trabajadores de la prensa cubran sucesos que ocurren en las comunidades más lejanas, a las que solo pueden acceder vía aérea o fluvial, a costos elevados.

Este informe pretende documentar cómo se ejerce el oficio en la Amazonía. Por esta razón, la FPSC entrevistó a siete periodistas de la región, con excepción de la provincia de Sucumbíos, ya que la investigación sobre esta provincia fue incluido en un informe previo realizado por nuestra organización denominado “Periodismo en la frontera norte: entre la violencia y el silencio informativo”. También entrevistó a dos mujeres periodistas que no son oriundas de la Amazonía pero han investigado el territorio por varios años y tienen una amplia visión de la problemática amazónica, así como a actores gremiales y estatales.

A lo largo de este documento, quedarán en evidencia las principales amenazas que se enfrenta el gremio amazónico y cómo se ejerce el periodismo en un territorio rico en recursos naturales pero con altos índices de pobreza y desigualdad.

Según los datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) anual de 2024, las provincias amazónicas estuvieron por debajo del promedio nacional de empleo adecuado, del 35,9%.

Este informe presenta una visión de los retos que enfrentan los comunicadores y periodistas amazónicos y las posibilidades que vislumbran para seguir haciendo periodismo.

Descargar el informe aquí:

Publicado el Provincias | Etiquetado libertad de prensa, periodismo