Los suicidios que quedan en el ‘clóset’ a causa de la omisión estatal

17.08.2025

Los suicidios de estudiantes por bullying homofóbico son escondidos en el ‘clóset’ del sistema educativo de Ecuador, que no previene la violencia en las aulas por orientación sexual, identidad, expresión y estereotipos de género.

La inaplicación de protocolos, casos sin registrar, discriminación en aulas y colegios sin la capacidad de acompañar a estudiantes víctimas de violencia, marcan los ambientes hostiles hacia estudiantes en el sistema educativo.

Esto es lo que en parte sucedió con Rick, un joven de 16 años que se suicidó luego de ser centro de burlas y agresiones por su orientación sexual. Y también es el caso de Joana, quien se quitó la vida en el 2023, tras recibir un fuerte golpe por parte de un compañero, sólo porque no encajaba en los estereotipos femeninos. Estas dos vidas cegadas revelan las omisiones y negligencias que persisten en la comunidad educativa cuando de diversidades se trata.

La violencia escolar basada en la orientación sexual e identidad/expresión de género se  enfoca en les  estudiantes que son,  o que se considera que son, lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, y otres cuya expresión de género no encaja con las normas binarias de género (masculino y femenino), precisa la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en el informe “Abiertamente, Respuesta del sector de educación a la violencia basada en la orientación sexual y la identidad/expresión de género”.

Es decir, las víctimas no son solo estudiantes que se autoperciben como parte de las diversidades sexogenéricas, también lo son quienes no cumplen con estereotipos de género. Por ejemplo, un estudiante heterosexual que prefiere actividades como danza y no fútbol o una estudiante heterosexual que participa en tareas donde se requiere más fuerza física.

Edgar Zúñiga, coordinador general de la Red Ecuatoriana de Psicología por la Diversidad LGBTI, explica que el detonante del también denominado bullying homofóbico es la percepción por parte de los agresores de que una persona pertenece a las diversidades sexogenéricas, así no lo sea, en varios casos. 

Por eso, según el informe de UNESCO, les estudiantes LGBTIQ+ tienen mayores probabilidades de sufrir violencia que sus pares que no lo son.

En Ecuador, la violencia por motivos de orientación sexual o identidad de género en escuelas y colegios está reconocida en el documento “Protocolos de actuación frente a situaciones de violencia detectadas o cometidas en el sistema educativo” del Ministerio de Educación, que establece directrices obligatorias para el abordaje de estos casos para instituciones públicas y privadas.

Los estereotipos de género y la orientación sexual son factores de riesgo que deben ser considerados al momento de detectar casos de violencia, según este mismo documento.

En la matriz de investigación de casos de violencia que llevan los DECE (Departamento de Consejería Estudiantil) —instancia responsable del acompañamiento y seguimiento psicosocial de estudiantes que es parte de la mayoría de los planteles a nivel nacional—, se especifican datos de las víctimas que deben ser completados y entre esos están género, etnia y diversidad de género u orientación sexual.

Pero, pese a esto, el Ministerio de Educación no cuenta con cifras de casos de violencia por orientación sexual o identidad de género y menos aún de suicidios de estudiantes causados por bullying homofóbico. 

Suicidios sin rastro

En una respuesta a un pedido de información pública realizada para esta investigación, la cartera de Estado indicó el 5 de junio de 2025 que no contaba con estadísticas detalladas por alguna categoría de diversidad sexual y entregó cifras totales: el año pasado reportó 823 intentos que no se consumaron y de suicidios, y 221 casos de acoso escolar. 

Es decir, ni siquiera los casos de intentos de suicidio y de suicidio como tal, se encuentran desagregados. 

Para Diego Paz, exviceministro de Educación, los datos debidamente categorizados deben existir porque las matrices de investigación de casos de violencia deben ser llenadas de manera adecuada, con toda la información completa. “Cuando tienen un caso de violencia por orientación sexual o identidad de género, deberían tener un registro en los planes de acompañamiento, al menos a nivel escolar y a nivel distrital”, explica.

El exfuncionario aclara que la orientación sexual e identidad de género son datos muy privados de una persona. Sin embargo, en algunos casos son necesarios para identificar los motivos de violencia y que las autoridades puedan actuar al respecto. 

Sobre la data entregada por el ministerio, que mezcla tanto a los intentos como a los suicidios consumados, Paz dice que las estadísticas deben analizarse por separado: “Es negligente cuando la forma de registrar no les permite hacer seguimiento. Por eso hemos insistido en ponencias y eventos académicos en que el sistema de salud, educación y protección deben tener una forma de hacer seguimiento nominal” señala.

El exviceministro también explica que cuando hay un caso de violencia se tiene que generar un plan de acompañamiento a la víctima. “Profesionales de los DECES o los profesores tutores cuando no hay DECES, deberían registrar, por ejemplo, la violencia por orientación sexual e identidad de género. Ninguna situación debería llegar al suicidio en ninguno de los casos”, explica.

Para la directora del Grupo Rescate Escolar, —una organización que trabaja en casos de violencia escolar— Sybel Martínez, “lo que no se mide, no se mejora”. Con esto, explica que la invisibilización de los datos tiene una intención oculta: mostrar que no hay un problema en el sistema educativo, lo que impide prevenir y abordar casos similares o incluso diseñar políticas públicas.

Martínez menciona que entre los distritos educativos y la planta central del Ministerio de Educación “no tienen un mecanismo o sistema que alimente estos datos específicos”, realidad que trae consigo otras consecuencias como perpetuar la impunidad para les agresores. Además, denuncia que los distritos son “los cernidores” de casos reportados. Esto quiere decir que, cuando llegan casos a estas instancias, se evita establecer responsabilidades de les docentes o personal que no elaboraron informes o están involucrados en situaciones de violencia escolar, tal como ocurrió en el caso Ampeetra, dice.

Y eso no es todo. Martínez cuestiona la falta de articulación interinstitucional en el manejo de las estadísticas entre el ministerio de Educación con otras entidades, ya que esto complica más la identificación de los problemas y su atención a través de normativas, protocolos o políticas públicas. 

En el mismo ministerio hay inconsistencias de datos. Según la información enviada por el ministerio de Educación, entre el 2022 y el 2024 se registraron un total de 1.206 casos de acoso escolar y 2.528 casos de intentos de suicidio y suicidios (datos correspondientes a estudiantes de 6 a 18 años de edad), pero en el Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia en el contexto educativo, se registran 1.195 casos de acoso escolar y 2.574 intentos de suicidios y suicidios en el mismo periodo de tiempo (estos datos, sin embargo, no especifican edad)

Es decir, mientras en casos de acoso escolar hay una diferencia de 11 episodios, en situaciones de suicidios e intento de suicidios hay una diferencia de 46. 

Respecto a esto, hay dos aspectos que generan preocupación: la primera es que los datos de Educación no coinciden entre sí, y la segunda, entender quién finalmente tiene los datos definitivos de suicidios de estudiantes LGBTIQ+ o fuera de la heteronorma. 

El caso de Rick: un proceso estancado

Dentro de esos suicidios que el ministerio invisibiliza se encuentra el de un adolescente de 16 años, por quien su madre ha decidido levantar la voz. Es el caso de Rick Mora, quien se suicidó el 1 de febrero de 2025.

Su mamá, Roxana Ramos, afirma que Rick se suicidó por el acoso homofóbico del que era víctima, tanto de sus compañeres como de docentes dentro de su colegio.

Según relató en la demanda que presentó el 12 de febrero ante el Ministerio de Educación, la docente de Matemáticas lo llamaba “el homosexual” en plena clase, por lo que exigió que tanto la maestra como la institución educativa y sus representantes sean sancionados. Roxana contó también sobre otras situaciones de las que Rick era víctima: balonazos en los recreos, mofas de estudiantes y un baldazo de agua fría en pleno patio del plantel.

La Junta Distrital de Resolución de Conflictos dispuso, el 25 de febrero, iniciar un sumario administrativo contra la docente por presuntamente ejercer violencia escolar, que es considerada una infracción muy grave, según el artículo 209 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural.

En ese proceso, Roxana ha aportado otros elementos, como cuando la profesora de Educación Física le decía en plena clase que “se parara como hombre”, hecho que reportó a la tutora del curso, pero no se activó ningún protocolo, agrega. 

Aunque el proceso es un sumario administrativo exclusivamente contra la docente de Matemáticas, Roxana responsabiliza a todo el colegio. “Los responsables eran todos, tanto el DECE, la rectora, la tutora…”, por no actuar a tiempo porque, dice, debieron haber activado el protocolo.

Pese a que Roxana insiste en que presentó quejas a la tutora, el DECE del colegio donde estudió Rick indicó en un informe que no contaban con reportes ni derivaciones del estudiante por situaciones de riesgo psicosocial. Ese informe fue enviado el 5 de febrero al Distrito Tarqui – Tenguel.

Para el 10 de febrero, el DECE envió un informe actualizado en el que señala que no se cuentan con versiones de estudiantes que respalden el hecho de violencia institucional y que los representantes solicitaron que no se tomen versiones de sus hijos.

Sin embargo, en un informe del DECE Distrital —una instancia superior al que ya existe en el colegio, pues pertenece al distrito educativo— menciona que dos estudiantes que eran cercanas a Rick acudieron voluntariamente a rendir su versión el 5 de febrero. Una de ellas mencionó que él se sentía mal antes del suicidio y la otra, que tenía problemas con la profesora de Matemáticas.

Pero en el mismo informe se ratifica también que no se encontraron registros previos de denuncias o derivaciones relacionadas con el presunto acoso escolar.

Desde que inició el sumario administrativo contra la docente, los abogados de Roxana consideraron que el proceso se llevó de forma irregular. “Hay actos que consideramos están fuera de la ley, y presumimos que lo que buscan es beneficiar a la profesora. Han intentado llevar el expediente de forma exageradamente acelerada”, explica David Sperber, uno de los abogados de la familia de Rick.

Roxana ha dado su versión en una ocasión en el proceso y la defensa no ha podido presentar otras. Sperber y Cynthia Andino, la otra abogada patrocinadora, indican que el Distrito aduce que el proceso es contra la docente y por ello no pueden intervenir.

Sin embargo, explican que la Ley de Educación Intercultural, en su artículo 222, establece que las víctimas tienen derecho a ser escuchadas en estos procesos y requerir la presencia de testigos.

Mientras Roxana sólo ha dado una versión en el proceso, la defensa de la docente ha presentado 70 documentos, entre certificados otorgados por el ministerio, diplomas de honor y ascensos. Incluso, 11 tarjetas de navidad otorgadas por estudiantes del curso en que estudiaba Rick. Además, incluyó cuatro certificados de honorabilidad. En el sumario administrativo también se acogió la solicitud de la defensa de la docente de recoger 16 declaraciones, entre ellas de dos exestudiantes.

“Todas las pruebas son a favor de la docente y no oficiaron para que la víctima, en este caso la madre, en representación de su hijo, presente las pruebas también”, señala Andino.

Sperber y Andino coinciden en que el solo hecho de que Roxana haya acudido a presentar una queja a la tutora, era motivo para que se notificara al DECE. “Este es el procedimiento que no se cumple. El propio colegio no cumplió con la normativa. Hay una hoja de rutas y protocolos que existen, que tiene el ministerio y tienen cumplimiento obligatorio, pero no lo hacen”, explica Sperber.

La defensa incluso presentó una recusación contra la funcionaria encargada de llevar el caso por presuntamente tener una relación de amistad con la docente, pero la Junta Distrital de Resolución de Conflictos de la Dirección Distrital resolvió archivar el sumario administrativo el pasado 23 de junio.

En su resolución, indica que no se comprobó la violencia y hostigamiento de la docente contra Rick, la misma que fue apelada por la defensa. 

En letra muerta

​​El Ministerio de Educación alberga en su página web distintos protocolos y rutas de actuación para prevenir y atender situaciones de violencia escolar, intentos autolíticos o suicidios, uso y consumo de drogas entre otras problemáticas que afectan a las niñeces y adolescencias de todo el sistema educativo. Sin embargo, y pese a que se solicitó más de cinco veces una entrevista con las autoridades de este ministerio vía correo electrónico y llamadas telefónicas para conocer las debilidades existentes en los procesos y protocolos, el silencio institucional fue la respuesta. 

A inicios de este año se lanzó el Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia en el Contexto Educativo que reconoce que existen nudos críticos en la prevención integral de la violencia en escuelas y colegios.

En la página 47 del documento, el ministerio acepta que existe un bajo impacto de las estrategias preventivas actuales por falta de continuidad, capacitación insuficiente, escasa participación familiar, horarios laborales y sobrecarga académica. Estos factores impiden la implementación de programas educativos. Además, el enfoque adultocentrista de las estrategias minimiza las voces de les estudiantes.

El plan reconoce que la diversidad sexo genérica “sí es un factor de riesgo significativo para las violencias en el ámbito educativo”, con consecuencias graves que contribuyen a la “exclusión social y la ideación suicida” de les estudiantes. El plan se presentó a la comunidad educativa en un evento público el 30 de enero de 2025, dos días antes de que Rick se suicidara.

Para la creación de este documento, se conformaron mesas técnicas lideradas por el Ministerio de Educación, con la participación de los cinco consejos de igualdad, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de la Mujer y la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe. Posteriormente se realizaron grupos focales integrades por estudiantes, familias, docentes, personal DECE, autoridades educativas, sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y otras entidades públicas de 14 provincias incluido Galápagos. Allí se reconoció la existencia de la violencia física, psicológica, digital, sexual e incluso racial, pero no se identificó a la violencia homofóbica.

Pero incluso desde antes estos temas estaban ya en discusión. En el 2023 el ministerio emitió un acuerdo ministerial que dispone la aplicación obligatoria de protocolos y rutas de actuación frente a riesgos psicosociales en el sistema nacional de educación. La disposición contempla la aplicación de procesos de prevención integral, detección, intervención/actuación, derivación, seguimiento y reparación en casos de suicidio e intentos autolíticos. 

En la guía de orientaciones técnicas para prevenir y combatir la discriminación por diversidad sexual e identidad de género en el sistema educativo nacional del 2019, se menciona que es deber de toda la comunidad educativa actuar para prevenir y abordar situaciones de violencia, como la indagación sobre la orientación o identidad de género de una persona, obligar a niñes y adolescentes trans a llevar uniformes que no concuerdan con su identidad de género, entre otros.

El documento recomienda que en estos casos el DECE (Departamento de Consejería Estudiantil, responsable del acompañamiento y seguimiento psicosocial de estudiantes) o tutor de curso actúen inmediatamente si se recibe una denuncia.

“Esta guía no es que hace un protocolo específico, sino que a partir de un protocolo de violencia en general hay que tomar algunas consideraciones que son particulares para la orientación sexual y la identidad de género”, explica el exviceministro Paz.

La guía fue presentada por el Consejo Nacional para la Igualdad de Género y el Ministerio de Educación. Aunque por sí sola no surgió de un decreto ministerial, el exfuncionario explica que es obligatoria para todas las instituciones educativas.

“Es de aplicación obligatoria porque se lanzó desde el Ministerio de Educación con el Consejo para Igualdad de Género, que son entidades del Estado ecuatoriano y que tienen las competencias específicas sobre la formulación de la política pública”, señala Paz.

En la respuesta del pedido de información pública que se realizó para la redacción de este reportaje, el Ministerio de Educación menciona a la guía “como un instrumento técnico-pedagógico” y que representa “una iniciativa interinstitucional destinada a combatir la discriminación y el acoso homofóbico, así como a asegurar la inclusión y permanencia en el sistema educativo de los niños, niñas y adolescentes de la diversidad sexo-genérica”.

Pero en la práctica, ninguna de estas directrices, ni las más antiguas, ni las más recientes, impidieron que Rick Mora se suicidara.

Los DECE, en crisis

Cuando Joana B. se suicidó, el 11 de abril del 2023, no había indicios previos de que el personal del DECE del Instituto Nacional Mejía o docentes hayan reportado que fue golpeada en la espalda por un compañero el mismo que, desde hace dos años, la violentaba de manera recurrente. 

Dos semanas antes de este hecho, uno de sus compañeros le dio un codazo en la espalda cuando ella estaba agachada, ocasionándole una lesión que le imposibilitó caminar. 

Los DECE tienen la obligación de levantar reportes por escrito en casos de violencia, restablecer el bienestar emocional de las víctimas, y convertir a las escuelas y colegios en espacios seguros. Para eso cuentan con herramientas específicas según el Modelo de Gestión, que es el documento que orienta y emite directrices al personal de estas áreas.

No obstante, el mismo Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia reconoce que dentro de los DECES existe una falta de claridad en los protocolos para atender los diversos casos de violencia, garantizar la confidencialidad y no revictimización; dar continuidad a los procesos iniciados en las instituciones, por parte de familiares para que no se declinen las denuncias.

Este plan también indica que el personal que integra los DECES tiene limitaciones como “una insuficiente formación y carga laboral que dificulta una intervención adecuada”. A esto se suma la falta de claridad en la articulación interinstitucional y demoras en la atención a las derivaciones, lo que afecta a la protección de les víctimas, según lo que señala el documento.

Los procesos de seguimiento de los DECE también son un “cuello de botella”. El plan advierte que el monitoreo de los casos es “irregular” y depende del compromiso individual del personal educativo, ya que no cuentan con recursos o tiempo suficiente para realizar estas obligaciones fuera de la institución. Tampoco existe un seguimiento pedagógico y emocional desde les docentes y el personal de los DECE. Y las herramientas tecnológicas y los registros utilizados son insuficientes para sistematizar el seguimiento.

Pero eso no es todo. Algunos casos de violencia escolar no cuentan con plan de acompañamiento. El mismo ministerio indicó que, aunque no cuentan con información específica sobre el total de casos de bullying homofóbico, entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de marzo de 2025, se reportaron 1.398 casos de acoso escolar en general. 

De esta cifra, el 93,06 % —es decir, 1.301 casos— cuentan con un registro del plan de acompañamiento, los 97 casos restantes no tienen ese registro, pero el ministerio alega que sí hubo acompañamiento. 

De manera textual, y en un intento de explicación extraña, indican que “…la falta de registro no implica que el acompañamiento no exista”.

En el caso de Joana B. se constataron las negligencias del personal del DECE, quien no emitió informes ni se percató de que la estudiante era insultada por el agresor. 

Tras su suicidio, la Unidad de Justicia Juvenil de la fiscalía abrió un proceso en contra del agresor en el 2023. La jueza especializada de justicia juvenil (de primera instancia) de la Sala Especializada de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha dictó una sentencia de cuatro años de internamiento en un centro de rehabilitación para menores en marzo de 2024, pero por apelaciones dentro del proceso, el agresor sigue en libertad. 

La fiscal del caso y de la Unidad de Justicia Juvenil de la Fiscalía General del Estado, Martha Reino, explica que durante la instrucción fiscal se comprobó que los docentes y el personal del DECE efectivamente omitieron varios protocolos para proteger a la adolescente. Por eso en la audiencia de juzgamiento se solicitó que no solo el ministerio procediera con las sanciones administrativas, sino que se inicie la investigación penal contra los funcionarios del Instituto Nacional Mejía. 

Las pruebas testimoniales aseguran que el personal del DECE no “planteó ni siquiera denunciar el hecho de violencia” contra Joana. La fiscalía conoció los hechos por la denuncia que presentó el papá de la víctima, asegura Martha Reino. 

El día en que el agresor golpeó a Joana, su mejor amiga y otras compañeras sí dieron aviso al inspector, pero ni él ni el DECE informaron al distrito educativo ni asistieron clínicamente a la estudiante, ya que en ese momento el colegio no contaba con dispensario médico, aclara la fiscal. 

En la audiencia de juzgamiento se convocó a los directivos, funcionarios y personal involucrados. “No supieron darnos razón, dijeron que nunca tuvieron conocimiento del evento de violencia ni que conocían a Joana”. El inspector fue el único que declaró que “sí supo que, alguna vez, habían comentado que el chico acusado intimidaba a Joana” pero dio por sentado que los insultos o intimidaciones contra la estudiante no merecían más que un llamado de atención, señala la magistrada.

Otro problema que presentan los DECE son la falta de personal capacitado. Aunque el modelo de gestión establece que este departamento debe conformarse con un profesional por cada 450 estudiantes, dependiendo de la tipología de la unidad educativa o la creación del DECE núcleo en colegios grandes para asistir a otras instituciones más pequeñas que se encuentren en un rango de distancia de 7,5 kilómetros, la página 155 del Plan Estratégico Institucional 2021-2025 publicado en la web del ministerio de Educación señala que existía una brecha del 65 % de personal de los DECE.

En un histórico entregado por este ministerio, al 2019 el personal contratado llegaba a 3.323, en 2020 se redujo a 3.263 hasta llegar a octubre de 2024 a 2.991 profesionales. 

Pero entre noviembre del 2024 hasta abril del 2025 se incorporaron 673 profesionales DECE de sostenimiento fiscal, llegando a 3.664 dice Educación. Nuevamente las cifras entregadas para esta investigación generan dudas, ya que en el informe de rendición de cuentas del ministerio, presentado el 7 de julio pasado, señala que a octubre de 2024 hubo “la vinculación de 171 profesionales del DECE a nivel nacional con una inversión de USD 400.000” y que se cuenta con presupuesto para garantizar la continuidad de los profesionales en este 2025. 

Pero no aclaran si esta cifra reduce la brecha del 65 % y si la incorporación entre noviembre del 2024 hasta abril de este año corresponden a la contratación anunciada en marzo, en donde se mencionó de una inversión de USD 4,8 millones. 

La crisis de los DECES desencadenan otros problemas estructurales que perpetúan la desatención del bullying homofóbico e instalan la impunidad. En el caso de Joana B., no se puede iniciar la investigación penal por omisión en contra del personal del DECE y los docentes involucrados del Instituto Nacional Mejía, mientras la audiencia de casación se aplace en la Corte Nacional de Justicia señala la fiscal Martha Reino.

Esto no solo impide que los funcionarios de la institución educativa sigan sin responder ante la justicia, sino que los delitos cometidos por adolescentes prescriben en tres años. Es decir, si no se ratifica la sentencia en la audiencia de casación, en abril del 2026 todo lo actuado quedaría en impunidad.

El suicidio de Joana es de los primeros casos sentenciados a nivel nacional al acusar al agresor por cometer actos de odio por violencia de género, delito tipificado en el artículo 177 del Código Orgánico Penal Integral (COIP). 

Su muerte refleja, además, cómo el acoso escolar por estereotipos de género se normaliza y se esconde en el sistema educativo. Tras su suidicio, hubo rumores sin confirmación con respecto a su orientación sexual o identidad de género sólo por su forma de vestir, llevar el cabello corto o por practicar actividades que en el Instituto Nacional Mejía anteriormente solo “eran para hombres”.

“Él (agresor) incitaba a que otros también la molesten. No sé si era envidia, pero sí era por lo que ella era mujer”, explica José B., su padre. Joana tocaba el tambor como capitana o mando de la banda de paz. Su agresor y otros compañeros le ponían apodos como “marimacha”, según los testimonios recogidos de la investigación. 

La fiscal Reino explica que los resultados de la autopsia psicológica y examen antropológico en Joana confirmaron que fue violentada de manera sistemática, durante dos años, por su compañero con insultos constantes, halones de cabello o burlas por como lucía o por su situación económica. 

En casos como este, en donde el suicidio también es la punta del iceberg de la violencia escolar por razones de género es difícil individualizar la conducta agresiva porque pudieron haber sido más estudiantes agresores. Sin embargo, la fiscal reitera que al convocar a les compañeres de Joana, todes apuntaban al adolescente acusado.

La familia de Joana se enteró del acoso sistemático cuando él compañero la golpeó en la espalda. Según la fiscal, la víctima impidió que su madre reclamara en el colegio para evitar problemas. El detonante para que la adolescente decida quitarse la vida fue escuchar que la madre del agresor incumplió un acuerdo previo que pactó con sus padres y frente al DECE,  que consistía en pagar la mitad del valor de una tomografía para determinar la lesión en su espalda. 

Joana se puso a llorar y decía que no iba a poder caminar, según las versiones de la familia, comenta la fiscal. Al siguiente día se suicidó en su casa, un agravante que se contempló durante la audiencia de juzgamiento.

En un sistema educativo que invisibiliza los suicidios por orientación sexual e identidad y expresión de género, y con protocolos que están en el papel, Rick y Joana fueron víctimas de constantes vulneraciones que pudieron haberse abordado para evitar que dos vidas se apaguen.

Son dos casos que revelan las omisiones de un sistema que ha abandonado también a estudiantes que intentaron suicidarse, como Maikel, de 14 años, quien se autolesionaba por el acoso de docentes y compañeres por su identidad de género en un colegio de Latacunga. O que dejó secuelas en exestudiantes como Luca, Dereck y Daniel*, quienes padecen ansiedad y depresión.

Estas situaciones se dan en medio de anuncios del Ministerio de Educación de aumentar personal para los DECE o aprobación de planes para erradicar la violencia, pero sin certezas de hasta qué punto las políticas públicas funcionan para prevenir la violencia a estudiantes de las diversidades sexogenéricas. 

Para esta investigación, se solicitó en más de cinco ocasiones una entrevista a la ministra de Educación para profundizar cómo se aplican los protocolos y obtener una explicación sobre la inconsistencia de las cifras. Durante tres meses se enviaron mails y mensajes de WhatsApp que el Departamento de Comunicación del Ministerio nunca respondió. En una llamada telefónica tras correos y mensajes sin contestaciones, la titular del área dijo que revisaría la solicitud porque les llegan “muchos pedidos”, pero días después no hubo más novedades.

Mientras el ministerio guarda silencio en un evidente contexto violento para las infancias y adolescencias diversas, estas sobreviven día a día en escuelas y colegios en medio de insultos y agresiones físicas por intentar ser libres en un entorno que, según los protocolos y leyes, debe ser seguro.

*Algunas identidades de este reportaje han sido cambiadas. 

Este reportaje se realizó gracias al programa de becas de producción de nuestra Red de Periodismo de Investigación, un proyecto de la Fundación Periodistas Sin Cadenas.

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