La suspensión TV MICC es un nuevo acto de censura
TV MICC fue fundado en 2009 como parte de un proceso histórico de lucha por el acceso a medios de comunicación propios por parte de pueblos indígenas. Su programación es transmitida en kichwa y español.
26.09.2025
La Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC) rechaza enfáticamente la suspensión de las transmisiones del canal comunitario TV MICC por supuestas razones de “orden público y seguridad nacional”, dispuesta por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), en el contexto del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
TV MICC es el primer canal de televisión indígena en Ecuador y un proyecto del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC). Fue fundado en 2009 como parte de un proceso histórico de lucha por el acceso a medios de comunicación propios por parte de pueblos indígenas. Su programación es transmitida en kichwa y español y cubre las provincias de Tungurahua y Cotopaxi.
Según el documento de la Arcotel, la resolución del pasado 23 de septiembre de 2025 sobre la suspensión de las emisiones del canal 47 en frecuencia UHF en Latacunga, Salcedo, Ambato, Cevallos, Quero, Pelileo y Tisaleo, se basa en el artículo 180 del Código Orgánico Administrativo, que permite la adopción de medidas provisionales de protección y señalaría que las transmisiones del medio fundado por el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) “perjudican la seguridad nacional”.
En este sentido, el MICC rechazó públicamente esta decisión y acusó al gobierno del presidente Daniel Noboa de cometer una grave vulneración a los derechos constitucionales de libertad de expresión y de comunicación comunitaria. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la organización calificó la medida como un “intento de silenciar la voz del movimiento indígena y campesino”, exigió la restitución inmediata de la señal del medio de comunicación y denunció lo que considera “un acto de censura directa, contrario al derecho constitucional a la libertad de expresión, comunicación y resistencia”.
La organización también advirtió que esta acción se enmarca en un contexto más amplio de criminalización de voces críticas al régimen y acusó al Ejecutivo de utilizar el argumento de la “seguridad nacional” para restringir medios alternativos y comunitarios, lo que abriría la puerta a un escenario de autoritarismo disfrazado de legalidad.
Desde 2024, la FPSC ha alertado sobre el peligroso giro autoritario del presidente Daniel Noboa en su relación con la prensa. Ese año, revocó la visa de residencia de la periodista cubana radicada en Ecuador, Alondra Santiago, después de que ella difundiera una canción basada en el Himno Nacional, a través de la cual critica al primer mandatario y su gestión. Asimismo, los periodistas Sol Borja, José Luis Cañizares y Fabricio Vela denunciaron que su programa de análisis político Los Irreverentes salió del aire por presiones del Gobierno. La FPSC documentó estos casos en su informe “El retorno de la censura gubernamental”, publicado el 11 de septiembre de 2024.
Estos hechos se dieron después de que el presidente Noboa firmara las declaraciones de Chapultepec y Salta, instrumentos internacionales que garantizan la protección de la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo libre e independiente. Este compromiso lo asumió el 20 de marzo de 2024 durante la visita de una delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) a Quito. En ese encuentro, Noboa dijo que quería ser diferente a líderes populistas de la región y que busca expresar “lo contrario a ser autoritario”.
En lo que va del actual paro nacional, al menos 11 agresiones físicas, censuras e impedimentos de cobertura a periodistas han sido registrados por FPSC, según la información levantada hasta el momento por esta organización.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció sobre este hecho y manifestó que continuará monitoreando la situación al tiempo que exige al Estado ecuatoriano que se garantice la libertad de prensa, sobre todo en contextos de alta agitación social como el actual.
Otras organizaciones también han manifestado su rechazo a esta decisión, como la Universidad Central del Ecuador, la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi y la Universidad Politécnica Salesiana.
La Fundación Periodistas Sin Cadenas condena toda práctica gubernamental de censura o silenciamiento a cualquier pronunciamiento crítico y advierte una vez más que las acciones del gobierno y de sus funcionarios –bajo el justificativo de la seguridad nacional– demuestran un flagrante, creciente y sistemático intento de imponer la narrativa oficial como única lectura de la realidad del país.
Este comportamiento –sumado a otros episodios registrados en los 22 meses de gobierno de Daniel Noboa– siembra escenarios de estigmatización y promueve el odio y la violencia en contra de voces críticas. Además, el último incidente, dirigido al canal comunitario TV MICC, vulnera la libre práctica de la comunicación comunitaria, una herramienta vital para que las audiencias pertenecientes a pueblos y nacionalidades indígenas puedan ser parte integral de procesos democráticos diversos y respetuosos de la plurinacionalidad.
La Fundación Periodistas Sin Cadenas hace un llamado urgente a organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales a pronunciarse ante la escalada de agresiones en contra de la prensa ecuatoriana y la libre expresión en Ecuador.
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