Atentados armados a medios y periodistas permanecen en investigación previa
En los últimos dos años, la violencia en Ecuador se ha agudizado y sus coletazos también han golpeado a los medios de comunicación. ¿Cómo avanzan en la justicia ecuatoriana estos casos?
20.06.2024
En los últimos años, hemos presenciado hechos inéditos en Ecuador en cuanto a la vulneración de los medios de comunicación y seguridad de los periodistas. Amenazas de muerte, agresiones de diferentes tipos, exilios son algunos de ellos y también atentados armados contra comunicadores y canales de televisión, que se dan en un contexto de índices de violencia crecientes en todo el país.
Aunque en el caso de los atentados armados la justicia ecuatoriana ha abierto investigaciones, la mayoría de estos casos siguen en la impunidad.
Entre junio del 2021 y mayo de 2024, la Fundación Periodistas Sin Cadenas registró un total de 933 periodistas agredidos. 426 fueron agresiones contra hombres, 291 contra mujeres periodistas, mientras que 216 fueron ataques en contra de diferentes medios de comunicación.
Además, hasta la fecha, la organización registra un total de 27 atentados armados contra medios de comunicación y periodistas en todo el Ecuador, de acuerdo al registro de la Fundación Periodistas Sin Cadenas.
El más reciente y violento ataque ocurrió en enero de 2024 en las instalaciones de TC Televisión en Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, que en 2023 registró 89 agresiones, convirtiéndose así en la segunda con más agresiones; la primera es Pichincha, con 103.
Durante el ataque, varios hombres armados, encapuchados ingresaron al medio y amenazando con armas de fuego y bombas, sometieron al personal, los golpearon y los amenazaron de muerte.
Este hecho violento fue transmitido en vivo en la página web y redes sociales de TC Televisión y por él se abrieron dos procesos judiciales. El primero está en etapa de llamamiento a juicio y 12 personas serán procesadas por el presunto delito de terrorismo.
El segundo proceso ya concluyó con la sentencia de ocho años de prisión en contra de dos adolescentes —de 15 y 17 años— que participaron en la toma violenta y que fueron juzgados por terrorismo.
Este caso, extremadamente mediático, que causó conmoción en la sociedad y que precedió a una declaratoria de conflicto armado interno, ha tenido una mejor respuesta judicial que otros en el país.
El ex fiscal y abogado penalista, Pablo Encalada, considera que puede haber dos razones por las que un caso como el de TC logra mayores resultados antes la justicia. La primera es que desde el inicio hay elementos que convierten el caso en “sencillo” para investigar, por ejemplo, que haya una detención en flagrancia.
Pero hay otros ataques cuyos procesos no han avanzado a pesar de haber ocurrido el año pasado. En marzo de 2023, los periodistas Lenin Artieda, Milton Pérez y Mauricio Ayora, de Ecuavisa, Teleamazonas y TC Televisión, respectivamente, recibieron pen drives que eran, en realidad, dispositivos explosivos. El de Artieda estalló al ser insertado en la computadora del canal, pero el periodista salió ileso.
“La fiscalía me convocó solo una vez para tomar una segunda versión de los hechos; cuando puse la denuncia dí la primera versión”, dijo el periodista de Ecuavisa.
A pesar de que han transcurrido más de dos años de los ataques, los tres procesos aún se encuentran en investigación previa.
La investigación previa es la etapa en la que las autoridades sospechan de que puede haberse cometido un delito y, como su nombre lo indica, investigan para determinar si esto ha ocurrido. Si es que en efecto hay indicios suficientes, se formulan cargos y se avanza hacia la etapa de juicio.
Poco más de seis meses después de que los periodistas recibieron los dispositivos, el canal de televisión RTS fue objeto de violencia cuando hombres armados dispararon contra sus instalaciones, la madrugada del 7 de octubre de 2022. A pesar de que no hubo heridos, el ataque dejó en evidencia la creciente inseguridad que enfrentan los medios de comunicación en el país.
Ese mismo día, las instalaciones de Diario Expreso y Extra en Guayaquil, recibieron también panfletos con amenazas.
En aquel momento, la Fiscalía dijo que abriría una investigación de oficio tras ambos atentados en Guayaquil.
Al revisar el sistema de consulta de la fiscalía, la última actualización del caso dice “Delito: Autores por identificar, sospechoso no reconocido, víctima no reconocida”. El caso también está en investigación previa aunque pronto se cumplirán dos años del ataque, el tiempo máximo que un hecho puede mantenerse en la etapa de investigación previa.
Cristobal Peñafiel, presidente de la Unión Nacional de Periodistas, expresó la preocupación que tienen él y sus colegas respecto a la poca importancia que la Fiscalía le ha dado a estos temas.
“La inacción del Estado genera impunidad”, dice la abogada María Dolores Miño, experta en libertad de expresión. “Esa impunidad se traduce en un mensaje para los perpetradores de que pueden seguir violentando, amenazando y matando sin que haya ninguna consecuencia”, afirma.
Es que los ataques a periodistas que han quedado impunes no son pocos. El más emblemático fue el del secuestro y asesinato del equipo periodístico del comercio conformado por Javier Ortega , Paúl Rivas y Efraín Segarra, ocurrido en 2018.
El hermano de Paúl, Ricardo Rivas, es hoy Presidente del Mecanismo de Prevención y Protección al Trabajo Periodístico, que se incluía en la Ley de Comunicación, aprobada en noviembre de 2022 y cuyo reglamento fue expedido nueve meses después.
“Solo se colocan las denuncias cuando la víctima (el periodista) no puede o no quiere hacerlo , como una medida de protección”, dice Rivas.
El Mecanismo no cuenta con presupuesto, aún así, en coordinación con el Consejo de Comunicación, trabaja en el acompañamiento a los periodistas que deciden seguir adelante con sus denuncias. La mayoría se han puesto en 12 provincias. Solamente en Pichincha se pusieron cinco. Además, hay tres denuncias puestas en Guayas; 2 en Imbabura y una en cada una de las provincias restantes: Morona, Los Ríos, Cotopaxi, Santa Elena, Pastaza, Chimborazo, Esmeraldas y Bolívar.
De las 18 denuncias realizadas, dos están archivadas, el resto están en investigación previa. De los delitos que han denunciado, quince son por intimidación, las dos restantes, por terrorismo y por robo, respectivamente.
Después de hacer la denuncia, a los periodistas se los convoca para constatar la firma y para que entreguen pruebas o el testimonio ampliado y ahí es donde se suelen frenar las investigaciones porque “muchos de ellos ya no se acercan por miedo porque ahí ya se evidencia su nombre o son presionados para que no denuncien, esa sí es una amenaza latente”, dice Rivas.
En esa etapa está el caso del atentado al diario La Prensa, de Milagro, ocurrido a la media noche del 20 de abril pasado. Las instalaciones del medio recibieron nueve balazos, de acuerdo al reporte de Fundamedios.
“El señor (William Reyes) habría recibido una llamada en la que le reportaron que las instalaciones donde funciona el medio habrían sufrido disparos”, dijo el comandante de la Policía de esa ciudad.
Reyes dijo que las cámaras registraron “que un sujeto en una motocicleta se estaciona frente a las instalaciones del lugar y ejecuta las detonaciones”.
En la versión impresa del diario registraron que “las balas alcanzaron varios puntos en el interior de la oficina y dejaron varios orificios en la pared, también destruyeron los vidrios de la puerta y otros artículos”.
A pesar de la gravedad del hecho, Reyes se resistía a denunciar, por lo que el trámite también fue realizado por el Consejo de Comunicación como en otros casos y está actualmente en la fase de investigación previa.
“El problema es que esa impunidad abre una brecha para que haya violaciones a los derechos humanos y el estado falla en su obligación de garantizar, proteger y también de reparar”, dice María Dolores Miño.
Sin embargo, la impunidad, que reina en estos casos, no es nueva. El caso de Rafael Cuesta Caputti, ocurrido hace 24 años, ejemplifica esa falta de garantías.
En el 2000, el periodista recibió un sobre con explosivos que detonaron en sus manos. Cuesta fue herido por la detonación y sus heridas requirieron múltiples intervenciones quirúrgicas.
Durante ocho años, el caso no se atendió en la justicia ecuatoriana y en 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un Informe de Fondo —que tiene validez de fallo— y determinó que el Estado ecuatoriano debe reparar a Cuesta por violaciones a sus derechos y a realizar una investigación completa, imparcial y efectiva sobre el atentado.
Encalada, el abogado penalista, dice que también existe la posibilidad de que, en este tipo de casos que atañen a periodistas, no haya voluntad de investigar. “La fiscalía tiene demasiado trabajo entonces los casos avanzan cuando la fiscalía tiene interés en ellos y el interés muchas veces viene cuando hay un abogado impulsando la causa”, dice.
Y esa sí es una limitante pues, en muchos casos, los ataques a periodistas o medios vienen con amedrentamiento y amenazas para evitar que sean denunciados.
“Por un principio constitucional, la Fiscalía tiene la obligación de procesar lo que es más importante para la sociedad y todo lo que compete a los periodistas debería serlo”, dice Encalada.
Casos como el de Cuesta y también los de otros periodistas y medios de comunicación que han atravesado por atentados armados no han sido reparados y la impunidad continúa.
Publicado el Amenazas al oficio |
