Aumentan las presiones a periodistas de alto perfil y la libertad de prensa entra en un momento crítico en Ecuador
El intento de censura en RTU, denunciado por el periodista Fabricio Vela para impedir la difusión de una entrevista, se suma a los casos de Hernán Higuera, Roberto Aguilar y Gisella Bayona. Todos evidencian un patrón en común: presiones provenientes de las más altas esferas del poder estatal. En este contexto, Ecuador enfrenta uno de los momentos más hostiles contra la prensa.
09.09.2026
La Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC) alerta a la comunidad nacional e internacional sobre el aumento vertiginoso de las presiones desde el más alto poder del Estado contra periodistas y medios de comunicación ecuatorianos que abordan temas de interés público. Esta situación ha creado un ambiente de miedo generalizado que está llevando a los periodistas a la censura, la autocensura y hasta a la deserción del oficio.
El caso más reciente ocurrió con el periodista Fabricio Vela, quien el pasado 4 de septiembre de 2026 denunció públicamente que directivos del canal de televisión RTU pretendieron impedir la difusión de una entrevista de su autoría que ya había sido grabada y promocionada para el programa Revelaciones. Aunque el material producido finalmente salió al aire, Vela afirmó que dos días después de la emisión, en RTU le comunicaron que la pauta oficial fue suspendida hasta mediados de septiembre como consecuencia de esa entrevista.
Ante estas condiciones, Vela optó por no continuar en el canal. “Es muy complicado seguir. Tratamos de no claudicar, pero pónganse también en los zapatos de las cuestiones que estamos enfrentando nosotros como periodistas, que no somos empresarios, que no tenemos un gran músculo económico detrás nuestro, pero ahí estamos peleándola (…) viendo qué va a pasar mañana”, dijo.
Durante sus declaraciones, el periodista, quien mantiene una postura crítica frente al Gobierno y también participa en el espacio A Primera Hora, que se transmite a través del canal digital Primera Plana y por Armónica FM, anunció que retomará su programa de entrevistas Revelaciones en plataformas digitales, aunque todavía no confirma si el espacio conservará el mismo nombre.
Este no es el primer episodio de censura que Vela ha enfrentado en RTU. El 10 de junio de 2024, el canal retiró de manera abrupta del aire el programa de análisis y opinión sobre diferentes situaciones coyunturales de la política ecuatoriana Los Irreverentes, que fue conducido por Vela junto con los periodistas María Sol Borja y José Luis Cañizares desde enero de 2023. Borja y Cañizares denunciaron que existieron presiones gubernamentales a la estación televisiva para el cierre del programa. Luego el canal atribuyó la decisión a motivos comerciales. Once meses después, Vela resolvió regresar al canal con el programa Revelaciones. El caso de Los Irreverentes fue documentado por la FPSC en el informe El retorno de la censura gubernamental.
En lo que va de 2026, la FPSC ha documentado un total de cinco agresiones contra Fabricio Vela, entre ellas descalificaciones, amenazas y campañas de desprestigio difundidas por cuentas identificadas como trolls o afines al Gobierno.
Un nuevo episodio se suscitó con las declaraciones de José Julio Neira, secretario general de la Administración Pública, Planificación y Gabinete, durante una entrevista con Vela y Andrea Orbe, el 8 de septiembre en Primera Plana. En este espacio, Neira acusó a los periodistas de intentar posicionar narrativas que perjudican a la gestión del presidente Daniel Noboa y que favorecen al correísmo. Esto, tras ser consultado sobre la demora en la adquisición de medicinas para abastecer el sistema hospitalario nacional.
Los periodistas también le preguntaron sobre la libertad de expresión en el país. El funcionario negó que haya existido una presión del Gobierno a RTU para censurar el programa de Vela o que se use la pauta oficial como medida de presión para la salida de periodistas. “Nosotros como Gobierno respetamos la libertad de expresión. Las decisiones estratégicas de inversión de pauta va de la mano con estudios de mercado y va de la mano con los mensajes que queremos posicionar a nivel provincial”, reconoció.
Estas declaraciones preocupan particularmente porque van en contra de los estándares internacionales de libertad de expresión que determinan que la pauta publicitaria estatal debe cumplir con el rol de informar de manera objetiva sobre temas de interés público y no ser usada como propaganda gubernamental.
Después de la entrevista, plataformas de desinformación iniciaron una campaña para desacreditar a la periodista Orbe. La situación de Vela y Orbe se suma a otros tres casos registrados durante este año por la FPSC que muestran diferentes mecanismos que atentan contra la libertad de expresión y de prensa, que buscan silenciar a periodistas y medios de comunicación. El 19 de junio, Ecuavisa informó que su periodista Hernán Higuera decidió dejar de investigar el caso de corrupción Progen, después de reportar acciones de hostigamiento contra su familia por parte de actores gubernamentales.
El 12 de agosto, el cronista Roberto Aguilar, conocido por sus artículos críticos al Gobierno, fue separado de Expreso luego de que se ejerciera presión sobre los anunciantes particulares del medio para que dejaran de pautar. Su despido se sumó a las más de 25 acciones de hostigamiento y abuso del poder estatal que viene enfrentando Granasa, empresa editora de Expreso y Extra, desde 2025 y que la FPSC documentó en su investigación más reciente.
El 2 de septiembre, Gisella Bayona, periodista con una larga trayectoria en la televisión y otros espacios de comunicación en el país, anunció su retiro del periodismo. La medida se produjo después de que el 28 de agosto, tras declaraciones del presidente Daniel Noboa durante una entrevista, plataformas de desinformación identificadas como medios propagandísticos del Gobierno iniciaran una campaña de desprestigio en su contra. La difusión coordinada de contenidos desinformativos vinculaba al esposo de la comunicadora con presuntos negocios con el Estado ecuatoriano y con investigaciones en la Fiscalía General del Estado.
Según los registros de la FPSC, los temas que han motivado estas presiones tienen que ver con el seguimiento al caso Progen, sobre un perjuicio al Estado por más de 104 millones de dólares en contratos de emergencia para comprar generadores eléctricos que nunca funcionaron; la crisis actual en el sistema de salud; la violencia e inseguridad, y las próximas elecciones seccionales previstas para el 29 de noviembre.
La FPSC rechaza los ataques hacia periodistas en Ecuador y advierte que los actos de censura, las campañas de desprestigio y la deslegitimación hacia su trabajo contravienen los estándares de libertad de expresión contenidos en tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
La asfixia económica de los medios condicionados por la pauta oficial, las coacciones sobre sus anunciantes privados y las campañas de desinformación para atentar contra la reputación de los periodistas, así como las acciones dirigidas contra sus familiares y círculos cercanos, configuran un escenario de riesgo para ejercer el oficio con independencia editorial.
La FPSC hace un llamado urgente a las autoridades, a los medios de comunicación, a la sociedad civil y a la comunidad internacional a prestar atención a este fenómeno. Cuando un periodista deja de investigar, no solo se afecta a quien ejerce el periodismo: se limita el derecho de toda la sociedad a acceder a información contrastada, verificada y con pluralidad de voces.
La defensa de la libertad de expresión implica garantizar que los periodistas puedan investigar, preguntar, cuestionar al poder e informar sin represalias, y que exijan permanentemente rendición de cuentas a todo funcionario a cargo de cualquier responsabilidad de carácter público.
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