Alerta por el hostigamiento a periodistas que cubren temas de interés público en Ecuador

22.06.2026

La Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC) alerta a la comunidad nacional e internacional sobre el incremento sistemático de actos de hostigamiento contra periodistas y medios de comunicación que realizan coberturas sobre temas de interés público, relacionados principalmente con presuntos actos de corrupción durante el Gobierno actual, que comprometen los recursos de todos los ecuatorianos. 

El episodio más reciente tiene que ver con el periodista Hernán Higuera, de la cadena televisiva Ecuavisa, quien anunció el pasado viernes, 19 de junio, que dejará de investigar el caso Progen relacionado con una compra millonaria de generadores eléctricos obsoletos y que la misma Fiscalía ha estimado un perjuicio económico para el Estado de aproximadamente USD 104,3 millones. 

Durante su noticiero estelar, Ecuavisa relató una serie de hechos que han ocurrido en los últimos días contra Higuera, su familia y el medio. El primero fue el pronunciamiento de Julio José Neira, secretario general de la Administración Pública, del pasado 17 de junio, sobre el caso Progen. En un video, mientras aparecían los logos de Ecuavisa y diario Expreso, Neira afirmó que sospechosos de esta trama, incluido el prófugo Xavier Jordán,  supuestamente tenían medios aliados que “inventaban narrativas” para “posicionar que en el caso Progen estarían vinculados altos funcionarios del Gobierno”. 

Al día siguiente, Neira mencionó directamente a Higuera en su cuenta de X y habló de mala fe tras un pedido del periodista para contrastar información. Luego de ello, tanto su esposa como su hijo —quien hacía un internado en un hospital del IESS— fueron separados de sus cargos en el sector público.

Expreso es otro medio que ha sido hostigado permanentemente por altas autoridades y cuyo patrimonio accionario aún se encuentra en riesgo. En lo que va de 2026, la FPSC ha registrado nueve casos de censura contra la prensa. De esta cifra, hay cuatro casos de periodistas críticos con el poder que han recibido presiones gubernamentales para evitar que continúen con sus investigaciones o se han visto forzados a salir de su medio de comunicación.

Esto evidencia un claro interés al más alto nivel de acallar a Higuera y a otros periodistas y, al mismo tiempo, desalentar a otros equipos a investigar este caso u otros relacionados con el abuso de dineros públicos. Desde la FPSC rechazamos enérgicamente estos actos de acoso y persecución contra los periodistas que trabajan por la transparencia y que buscan aportar al debate público con información relevante en la lucha contra la corrupción, un trabajo que está protegido por la Constitución de la República y por estándares internacionales. 

“Las denuncias sobre actos de corrupción y los debates alrededor de la gestión y manejo de los recursos públicos están enmarcados dentro de las categorías de discursos especialmente protegidos por el derecho a la libertad de expresión en la jurisprudencia interamericana”, ha recordado la CIDH.

Por estas razones, la FPSC solicitará una visita de los relatores de Libertad de Expresión tanto de la Comisión Interamericana de DDHH como de la Organización de las Naciones Unidas para que evalúen los graves riesgos que afrontan en la actualidad los periodistas ecuatorianos en medio de una apremiante indefensión. En el 2025, Ecuador fue el segundo país del mundo con el mayor deterioro en libertad de prensa, según el informe anual de Reporteros Sin Fronteras. 

Ecuador tiene un Consejo de Comunicación, del que depende el Mecanismo de Protección de Periodistas, que hasta el momento no tiene recursos ni independencia del Ejecutivo, por lo que se ha convertido en una entidad absolutamente debilitada y ausente de los contextos de riesgo que enfrentan los periodistas. 

Estos hechos se convierten en un grave precedente para la libertad de prensa en Ecuador y un mal ejemplo para otras autoridades nacionales y locales que intenten perseguir a periodistas solo por realizar su trabajo. La FPSC también ha documentado otro tipo de agresiones provenientes de actores estatales, entre ellos 16 bloqueos informativos, 11 casos de desprestigio, 10 descalificaciones, 10 agresiones físicas, seis impedimentos de cobertura, entre otros.

De las 73 agresiones provocadas por actores estatales, entre enero y el 22 de junio de 2026, 38 agresiones provienen del Poder Ejecutivo; 20 ataques fueron protagonizados por funcionarios públicos; cinco por organismos de control; cuatro por empresas públicas; tres por el Poder Judicial y tres por el Poder Legislativo.

Asimismo, la FPSC hace un llamado a la ciudadanía en general a no normalizar los ataques contra periodistas y medios que tratan de esclarecer evidentes actos de corrupción. Si un periodista se calla, toda la ciudadanía y la democracia de un país pierden. 

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