La difícil reinserción de adolescentes reclutados por bandas criminales
Madres de internos relatan amenazas y presiones para que sus hijos regresen a las bandas tras recuperar la libertad al salir de los CAI.
19.08.2026
II PARTE
La reincidencia es uno de los principales riesgos para los adolescentes que cumplen medidas en los Centros de Adolescentes Infractores (CAI) de Ecuador. El propio Estado reconoce que el seguimiento posterior es insuficiente, mientras las estructuras criminales mantienen mecanismos de captación.
A Jorge el crimen organizado lo reclutó cuando era niño. En 2017, a los 17 años, ingresó al CAI de Guayaquil por tentativa de asesinato. Aunque recibió capacitación laboral e intentó rehacer su vida, no logró romper los vínculos que lo unían a las estructuras criminales. Como él, muchos adolescentes que pasan por estos centros regresan a esos entornos, y no siempre por decisión propia.
En el CAI de Guayaquil, entre las calles Calicuchima y Abel Castillo, Jorge aprendió a fabricar cómodas y a hacer pan, recuerda su madre, Aída. Incluso obtuvo un régimen semiabierto que le permitía salir del centro para entrenar fútbol, según Manuel Pico, quien fue coordinador del CAI de Guayaquil entre 2015 y 2019.
Jorge permaneció en el centro hasta cumplir 20 años pues, de acuerdo con el Código de la Niñez y Adolescencia, un adolescente sentenciado puede continuar en el CAI, aunque haya alcanzado la mayoría de edad.
Al salir, intentó empezar de nuevo. Vendía pescado junto a su padre y regresaba a casa. Pero el vínculo con el mundo criminal no se había roto. Ese mismo año recibió una condena por porte de armas y, en 2022, enfrentó un proceso por delincuencia organizada en Manabí.
Hasta esa provincia había huido, según su madre, porque una banda criminal lo amenazaba. «Mi hijo siempre nos decía que de ahí no se sale, porque te matan a ti o a tu familia», recuerda Aída, quien pidió mantener su identidad protegida.
En 2024, esa advertencia se cumplió. Jorge fue asesinado por el mismo grupo criminal que lo había reclutado años atrás.
Se acarrea reincidencia por la gran mayoría
Manuel Pico sostiene que alrededor del 90 % de los adolescentes que salen de este centro reinciden. Su cálculo, aclara, no proviene de una estadística oficial, sino del contacto telefónico que mantiene con jóvenes que pasaron por la institución y de los relatos que recibe sobre sus antiguos compañeros.
«En la actualidad, los que están vivos son jefes de bandas y otros han muerto en el camino; los jóvenes no pasan de 25 años en la delincuencia juvenil. Exageradamente, llegan a 30 años», afirma. El artículo 375 del Código de la Niñez y Adolescencia obliga al Estado a brindar asistencia social y psicológica tras el cumplimiento del internamiento o de otras medidas. Pero el Ministerio del Interior ha reconocido que existe un «seguimiento postmedida insuficiente».
La afirmación consta en la Política de Rehabilitación Social y Atención Integral a Adolescentes Infractores 2026-2029, elaborada y aprobada por el Ministerio del Interior junto con el SNAI en diciembre de 2025.
El documento reconoce que el Sistema Nacional de Rehabilitación Social no cuenta con capacidad suficiente para garantizar una atención socioeducativa especializada, una situación que, según la propia política pública, «incrementa los riesgos de reincidencia, captación criminal y deterioro de la seguridad ciudadana».
El mismo informe identifica a los adolescentes infractores como una población vulnerable, con importantes brechas educativas y una creciente participación en delitos graves vinculados con economías criminales.
Hay una gran cantidad de hacinamiento en los CAI
A este escenario se suma el crecimiento de la población en estos lugares. Ecuador cuenta con 11 CAI, ubicados en Esmeraldas, Imbabura, Chimborazo, Tungurahua, Azuay, Machala, Loja, Guayas y Pichincha. En estas dos últimas provincias existen centros femeninos y masculinos.
Entre 2022 y 2025, la población atendida en los CAI aumentó un 72 %, según la política pública del Gobierno.
Hasta 2025, 682 adolescentes se encontraban internados en estos centros, de acuerdo con el SNAI. La capacidad instalada era de 475 plazas, lo que representa un hacinamiento del 43,6 %.
Para Billy Navarrete, director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), esta situación constituye una vulneración de derechos. A esto se suma, explica, la dificultad para clasificar a los adolescentes según el delito y sus necesidades, algo fundamental para aplicar programas de rehabilitación adecuados.
Son centros que no dan abasto
Aquella política pública también identifica otros problemas: falta de personal especializado, programas socioeducativos y terapéuticos fragmentados y poca coordinación entre las instituciones responsables.
Según datos del Ministerio del Interior, al menos cinco centros presentan deficiencias estructurales: dos están en estado regular y tres en condiciones críticas que afectan su funcionamiento y la seguridad de los adolescentes.
En el de Guayaquil, esos problemas son visibles. El edificio es antiguo y está deteriorado. En el ingreso, las paredes celestes y azules muestran el desgaste del tiempo. Un patio y una cancha están rodeados por celdas con barrotes oxidados.
El auditorio tiene dos grandes huecos en el techo que dejan expuesto parte del cielo raso y el sistema eléctrico. En una pared permanecen pintados dos mimos de expresión trágica.
La biblioteca se reduce a un estante de libros viejos y bancos metálicos. Junto a ella funciona el taller de panadería, en un espacio oscuro donde ventiladores antiguos apenas alivian el calor.
Detrás de los barrotes
El crimen organizado no necesariamente desaparece cuando un adolescente ingresa al CAI. En la segunda semana de junio pasado, Mireya (nombre protegido) había acudido al centro para visitar a su hijo, como cada semana. Estaba junto a otras madres esperando. De pronto un hombre se le acercó y le habló en voz baja: «Señora, tenga cuidado, porque usted siempre está ahí afuera. Viene a visitar a su hijo».
Mireya entendió el mensaje como una amenaza contra ella y su hijo. Según su relato, el objetivo sería presionarlo para que, una vez recuperada la libertad, regresara a la banda criminal a la que se había vinculado.
La propia política pública del Gobierno reconoce una creciente influencia de estructuras criminales organizadas dentro del sistema. El documento señala que existen adolescentes en régimen cerrado que mantienen afinidad o subordinación con estos grupos.
También advierte sobre la existencia de «entornos de captación y transferencia intergeneracional de prácticas delictivas».
Lo que sí se pudo observar durante un recorrido es la rutina del encierro. Una tarde de julio, cinco adolescentes permanecían junto a los barrotes de su celda mientras el patio estaba vacío. Se colgaban de las barras oxidadas. Eran tan delgados que sus uniformes azules parecían quedarles grandes. Dos tenían granos en el rostro. Permanecían en silencio, mirando a través de los barrotes hacia un mundo al que, tarde o temprano, volverían.
Habría pabellones divididos
Rita, otra madre que pidió resguardar su identidad, revela que dentro del centro los pabellones «están divididos por mafias», y menciona a grupos como Los Tiguerones, Los Lagartos y Los Choneros.
Su hijo, quien permanece internado por robo, está en un pabellón que ella identifica como «el de los niños buenos». Para evitar que sea trasladado, asegura que ha tenido que pagar 50 dólares a guardias del CAI pasando un día.
Esta acusación no ha sido confirmada oficialmente. Se solicitó al SNAI su versión sobre este señalamiento, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
Publicado el Red de periodismo |
