La vulnerabilidad de la prensa en Ecuador se profundiza con el primer asesinato de un comunicador en 2026
Entre octubre e inicios de noviembre, la situación de libertad de expresión en el país se ha deteriorado con el asesinato de Tomás Beltrán, director del medio digital Calcetines, así como con el cese de la edición impresa de Expreso y los cierres temporales de medios de comunicación.
10.11.2026
El pasado 8 de noviembre, Tomás Beltrán, comunicador y director del medio digital Calcetines, fue acribillado por desconocidos en las afueras de su domicilio en Calceta, cantón Bolívar, provincia de Manabí. Este suceso ocurrió pese a que Beltrán contaba con protección y formaba parte del Sistema de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía desde 2025.
Las primeras amenazas las recibió en 2023 cuando su auto fue rociado con una sustancia química mientras investigaba una serie de contratos de la alcaldía de Bolívar. Su riesgo se agudizó en abril de este año después de presentar una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito en contra de la actual alcaldesa del cantón Bolívar y candidata para la reelección, Ledy Muñoz. Esto desató una campaña de desprestigio en su contra en las redes digitales, además de la recepción de panfletos amenazantes en su domicilio.
La Mesa de Articulación para la Protección de Periodistas (MAPP), de la que la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC) forma parte, advirtió en 2026 que las medidas de seguridad para Tomás Beltrán eran insuficientes frente al riesgo que enfrentaba.
Este asesinato, que aún se investiga para determinar las razones y su posible vinculación con el trabajo periodístico, se suma a los seis crímenes contra periodistas y comunicadores registrados en 2025, el año más letal para la prensa. Todos ocurrieron en provincias costeras, donde el ejercicio del periodismo se desarrolla en condiciones de alta vulnerabilidad y con escasas garantías de seguridad.
Este adverso panorama para el ejercicio periodístico se ve agravado por nuevas agresiones a medios y periodistas que la FPSC ha reportado en el décimo mes del año. Octubre cierra con 26 agresiones a periodistas y medios de comunicación en Ecuador, ocurridos en las provincias de Pichincha, Guayas, Esmeraldas, Tungurahua, Azuay y Pastaza. Al igual que en los meses anteriores, los actores estatales fueron los principales responsables de estos ataques, alcanzando el 58% de casos.
A comparación de septiembre, las agresiones a periodistas y medios disminuyeron levemente en octubre, la FPSC identificó tres casos preocupantes para el ejercicio de la libertad de prensa durante el último mes. Se trató del cierre de la edición impresa del diario Expreso, el cierre temporal de este mismo medio en su versión digital, así como del medio digital GK.
En un primer momento, Diario Expreso anunció que continuaría operando a través de su plataforma digital. Sin embargo, el 19 de octubre comunicó en sus redes sociodigitales que haría una pausa para iniciar un proceso de transformación. Sus directivos no comunicaron la decisión de forma pública.
Tras el cierre temporal, el 9 de noviembre, Expreso en su versión digital retomó sus publicaciones en las redes con un editorial de Carlos Alfonso Martínez, quien formó parte del Consejo Editorial y actualmente continúa vinculado a esta instancia. «Expreso inicia una nueva etapa. Se reestructura de manera societaria, pero no cambia en esencia», señala el texto. Pese al anuncio del medio, surgen interrogantes sobre las condiciones en las que operará.
Por otro lado, el 30 de octubre, el medio digital GK anunció que, después de 15 años, toma una pausa indefinida para reinventarse, descansar y reflexionar sobre el periodismo desarrollado. El medio aclaró que esta decisión no responde a un acto de censura o a presiones gubernamentales, sino al «contexto de agotamiento mental y físico que implica sostener un medio independiente en un país como Ecuador».
La FPSC ha documentado e investigado desde hace casi siete años cómo la violencia contra periodistas, la falta de garantías para ejercer el oficio y la precarización de las condiciones laborales han configurado un entorno cada vez más adverso para el ejercicio del periodismo en Ecuador. El resultado no es solamente el cierre de un medio en el país, sino la pérdida de una fuente de información para la ciudadanía.
Agresiones físicas durante coberturas de protestas sociales
El 10 de octubre, cuatro periodistas de distintos medios de comunicación fueron agredidos físicamente por miembros de la Policía Nacional mientras cubrían una manifestación en contra del gobierno del presidente Daniel Noboa, en la ciudad de Quito.
Elena Rodríguez, periodista de Telesur, recibió un toletazo en su cabeza, mientras intentaba documentar la violencia policial en contra de los manifestantes. «No somos los periodistas quienes debemos alejarnos de los hechos. Son los policías quienes deben dejar de agredir. El derecho a informar no se negocia a punta de tolete», expresó en su cuenta de X.
Diego Cazar, director de La Barra Espaciadora, recibió empujones y golpes con escudos y toletes pese a haberse identificado como representante de la prensa. Angelly Tinoco y Jorge Cano, ambos del medio Wambra Digital, también fueron intimidados y agredidos por la Policía, mientras registraban algunos incidentes que dejó la protesta. Cano informó a la FPSC que, tras recibir un fuerte golpe con un tolete, los micrófonos que portaba en sus manos se cayeron al piso y se estropearon.
Otras agresiones
La FPSC registró también cuatro casos de suplantación de identidad durante octubre. La mayoría de casos involucraron a medios de comunicación de alcance nacional. Además, se reportaron dos procesos judiciales contra periodistas por daño moral y calumnia, en las provincias de Guayas y Esmeraldas.
Entre enero y octubre de 2026, las agresiones a medios y periodistas en Ecuador ascienden a 249 casos. El 24% de los ataques afectaron a mujeres periodistas, el 26% a varones y un 50% a medios de comunicación.
Las agresiones por parte de actores estatales lideran las estadísticas con un 49,7% del total de casos registrados en los diez primeros meses de 2026, seguidos de actores no estatales con un 31,7%, actores desconocidos con un 15,6% y grupos criminales con un 2,8%.
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