Comisionados de la CIDH expresan su preocupación ante la impunidad por los asesinatos de periodistas en Ecuador
Durante la audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la institucionalidad democrática y el espacio cívico en Ecuador, cinco miembros de organizaciones de la sociedad civil expusieron las vulneraciones a la libre expresión, derechos cívicos, independencia judicial, así como la persecución estatal a defensores de derechos humanos. Los comisionados mostraron su preocupación por la falta de garantías para el ejercicio de la libertad de expresión y los crímenes contra periodistas.
28.10.2026
El 27 de octubre de 2026, durante el 197° período de sesiones de la CIDH, realizado en Ciudad de Panamá, los comisionados expresaron sus inquietudes por la vulneración y el deterioro de la libertad de expresión en Ecuador, después de escuchar las intervenciones de los representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que presentaron cifras sobre crímenes contra periodistas, amenazas a la prensa, censura gubernamental y bloqueo informativo. Patricia Carrión, de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), advirtió, con base en los datos levantados por la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC), que «la prensa está bajo asedio».
José Luis Caballero Ochoa, segundo vicepresidente de la CIDH, dijo que la Comisión visibiliza desde hace mucho tiempo un patrón de declive del espacio cívico en Ecuador por los estados de excepción prolongados, el conflicto armado interno y las represalias contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos. En este escenario, el comisionado recalcó que «la reducción de los equilibrios y los contrapesos socava la institucionalidad democrática para los derechos».
En esa misma línea, la comisionada Andrea Pochak expresó que «preocupa mucho el cierre de espacios cívicos. Nos preocupan las restricciones a la libertad de expresión, a la sociedad civil, el hostigamiento a la prensa independiente». Pochak solicitó información detallada al Estado ecuatoriano sobre los casos de periodistas asesinados y qué esfuerzos se están haciendo para que no queden en la impunidad.
La delegación institucional del Estado, que también compareció a la sesión de la CIDH, no respondió el cuestionamiento. De acuerdo con los registros de la FPSC, en 2025 seis periodistas fueron asesinados. Hasta la fecha, todos los casos están impunes, pues no hay ninguna persona sentenciada por estos crímenes.
Por su parte, Tania Reneaum, secretaria ejecutiva de la CIDH, consultó a los representantes del Estado ecuatoriano sobre los avances en mecanismos de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, a partir de la información proporcionada en 2024 y 2025. Pero su pregunta, al igual que la de Pochak, no tuvo respuesta por parte de los actores estatales que comparecieron.
El Mecanismo de Prevención y Protección del Trabajo Periodístico fue creado en Ecuador el 14 de noviembre de 2022, tras las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Este instrumento es una instancia técnica estatal destinada para prevenir, proteger y garantizar el ejercicio del trabajo periodístico. Aunque cuenta con un reglamento de funcionamiento desde agosto de 2023, después de más de tres años sigue sin disponer de los recursos necesarios para cumplir su mandato, pese a los continuos ataques contra periodistas y medios de comunicación registrados en este año.
Entre enero y septiembre de 2026, la FPSC documentó 223 agresiones contra la prensa, equivalentes a una agresión cada 29 horas. En el mismo período, registró 28 casos de bloqueo informativo frente a los cuatro reportados durante los mismos meses de 2025, lo que representa un incremento del 600 %. De los 28 casos registrados en 2026, 27 fueron perpetrados por actores estatales. Además, las amenazas de muerte aumentaron un 300 % en 2026.
El periodismo en Ecuador se desarrolla en un ambiente cada vez más hostil y violento en medio de una declaratoria de Conflicto Armado No Internacional (CANI) en 2024. Desde ese año, el gobierno del presidente Daniel Noboa ha emitido 24 decretos de este estado de excepción: 20 relacionados con la seguridad, tres con protestas sociales y uno con la crisis energética. En lo que va de 2026, se han decretado tres estados de excepción y cuatro toques de queda. En el transcurso de este año, la FPSC ha registrado ocho casos de agresiones contra periodistas y medios durante la aplicación de estas medidas, que incluyen retiros de equipos de prensa en operativos militares, allanamiento al domicilio de un periodista en la provincia de El Oro y amenazas de un militar contra una periodista por grabar un procedimiento contra estudiantes universitarios en Quito.
Edgar Ralón Orellana, presidente de la CIDH y relator para Ecuador, destacó que la participación ciudadana, la libertad de expresión, la independencia judicial y los controles efectivos al ejercicio del poder son elementos esenciales de una sociedad democrática. Aunque reconoció los desafíos de seguridad que enfrenta el país y la obligación estatal de proteger la vida y la integridad de las personas, enfatizó que la seguridad y los derechos humanos no son objetivos contrapuestos.
Para la FPSC, el silencio estatal ante la CIDH sobre las investigaciones de los asesinatos de periodistas y la falta de recursos para el Mecanismo de Protección para el Trabajo Periodístico demuestra la falta de garantías que enfrenta la prensa en el país. La invocación de la seguridad nacional no puede justificar restricciones arbitrarias, censura, bloqueo informativo, menos aún sustituir la rendición de cuentas.
Proteger el trabajo periodístico es una obligación del Estado. Cuando se silencian periodistas, se ocultan historias y se reprime el derecho fundamental a la libertad de expresión que garantiza la pluralidad de voces y fortalece la democracia.
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