Silencio impuesto por el crimen organizado: Amenazas de muerte y fuentes cooptadas debilitan al periodismo en Ecuador
Este informe elaborado por la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC) aborda cómo las amenazas de muerte contra periodistas en Ecuador, provenientes de grupos criminales y fuentes cooptadas por las mismas, debilitan al periodismo en nuestro país.
15.09.2026
Esta investigación realizada mediante entrevistas a profundidad, pedidos oficiales de información, búsqueda de datos, mesas de trabajo y fuentes documentales, evidencia las amenazas que enfrenta actualmente la prensa ecuatoriana con la consolidación de este fenómeno, las mismas que dificultan, limitan o impiden la producción de información en territorios influenciados por estructuras criminales.
La FPSC realiza un monitoreo permanente de las agresiones a medios y periodistas en Ecuador. Entre enero de 2023 y junio de 2026, la organización registró 66 casos de agresiones contra medios y periodistas donde los grupos del crimen organizado aparecen como principales sospechosos. En este mismo periodo hubo 39 casos más en los que no se identificaron abiertamente a estos grupos como responsables de estas agresiones, pero podrían tratarse de casos en los que estén implícitamente vinculados.
Las agresiones más frecuentes de las que se tiene registro respecto a este tema están relacionadas con amenazas de muerte, amenazas generales y atentados armados. Le siguen intimidaciones, atentados con explosivos, agresiones físicas, suplantación de identidad, asaltos y asesinatos.
El impacto del crimen organizado en la libertad de prensa afecta directamente la capacidad que tienen los periodistas para investigar, verificar y difundir información de interés público. La atomización de grupos criminales, las disputas territoriales, la corrupción y la desconfianza hacia las instituciones estatales han configurado un escenario en el que informar es una actividad de alto riesgo.
Este informe presenta cuatro hallazgos principales que muestran cómo la violencia asociada al crimen organizado produce nuevas formas de censura y silenciamiento.
El primer hallazgo confirma que, entre enero de 2023 y junio de 2026, de todas las agresiones perpetradas por los grupos criminales hacia la prensa (66), las amenazas de muerte son los ataques más recurrentes. En el periodo antes mencionado, la FPSC documentó 25 casos. El 88% de estas amenazas de muerte estuvieron dirigidas a hombres periodistas y el 12% hacia mujeres. La mayoría de los casos se concentraron en Guayas, Pichincha, Santa Elena y Manabí.
Antes y después de las amenazas de muerte existen otras formas de intimidación que incluyen advertencias, vigilancia, seguimientos, llamadas telefónicas, hostigamiento digital, ataques en redes sociales y presiones dirigidas al entorno familiar del trabajador de la prensa afectado.
Estas acciones tienen como objetivo modificar comportamientos, desalentar investigaciones, limitar coberturas o generar desgaste emocional. Inclusive estas presiones influyen sobre decisiones editoriales, rutinas de trabajo y procesos de investigación.
Como consecuencia, surge la autocensura. Algunos periodistas entrevistados para este informe abandonaron determinadas líneas de investigación, cambiaron su enfoque editorial, redujeron la exposición pública de sus trabajos y evitaron coberturas relacionadas con actores considerados especialmente peligrosos. Otros, modificaron ciertas rutinas personales y desarrollaron sus propias estrategias de autoprotección.
El segundo hallazgo de esta investigación muestra que la expansión territorial de las bandas criminales ha generado zonas silenciadas o desiertos informativos donde el ejercicio del periodismo es inviable. Hay sectores periféricos y barrios catalogados como peligrosos donde el control ejercido por organizaciones criminales dificulta el acceso a información y limita las posibilidades de realizar reporteo en terreno.
El efecto más preocupante es que comunidades enteras quedan excluidas de la conversación mediática, reduciendo la visibilidad de problemáticas sociales, hechos violentos e incluso vulneraciones de derechos.
El tercer hallazgo está relacionado con las fuentes de información. Pese a que históricamente, las fuentes han sido uno de los principales activos del trabajo periodístico, este informe revela que ahora acceder a ellas es un factor de riesgo para los periodistas, quienes describen una creciente incertidumbre respecto a la identidad, confiabilidad y posibles vínculos de sus fuentes con estructuras criminales o redes de corrupción.
Según los testimonios levantados, la expansión del crimen organizado y la percepción de una creciente infiltración de estas estructuras en las instituciones públicas y privadas han erosionado la confianza en actores que tradicionalmente constituían fuentes clave para la cobertura de temas de seguridad, justicia y criminalidad. En este contexto, consideran que policías, militares, funcionarios públicos e incluso líderes o actores comunitarios podrían mantener vínculos, directos o indirectos, con estructuras criminales, lo que dificulta la verificación de la información y aumenta los riesgos asociados al ejercicio periodístico. Como consecuencia, los periodistas enfrentan dificultades para determinar con quién es seguro reunirse, qué información puede compartirse y cuáles podrían ser las repercusiones de identificar públicamente a sus fuentes.
Esta situación genera nuevas formas de vulnerabilidad. Algunos periodistas temen ser vigilados o identificados por organizaciones criminales a través de sus fuentes, mientras que otros expresaron preocupación por haber mantenido contacto con personas que posteriormente fueron asesinadas, desaparecidas o investigadas por vínculos con actividades ilícitas.
Finalmente, el cuarto hallazgo identifica una creciente y preocupante dinámica entre las estructuras criminales, los intereses políticos y los actos de corrupción. Si bien las organizaciones criminales continúan representando una fuente directa de riesgo para la prensa, varios entrevistados señalaron que las presiones sobre los contenidos periodísticos también provienen de actores políticos o institucionales que buscan influir, distorsionar, controlar o silenciar determinadas coberturas para instalar versiones favorables a sus intereses. Uno de los elementos más complejos identificados en esta investigación es la dificultad para diferenciar claramente entre intereses políticos, económicos y criminales.
Como consecuencia de toda esta problemática surge un profundo deterioro de la confianza en las instituciones encargadas de investigar amenazas y garantizar protección a los periodistas. La percepción de impunidad aparece de forma reiterada en prácticamente todas las entrevistas realizadas para este informe. Los periodistas consultados consideran que las denuncias rara vez generan resultados concretos y expresan escepticismo respecto a la capacidad de las autoridades para identificar responsables o brindar medidas efectivas de protección.
Estos hallazgos adquieren especial relevancia en un contexto donde Ecuador registró una de las mayores caídas del mundo en la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa 2026 que cada año elabora Reporteros Sin Fronteras. El país descendió 31 posiciones, pasando del puesto 94 al 125 entre 180 países evaluados. La organización atribuyó este deterioro a un entorno caracterizado por la inseguridad, la autocensura y la creciente influencia de organizaciones criminales sobre el ecosistema informativo.
Más allá de los impactos individuales, estas dinámicas generan territorios silenciados, restringen el acceso ciudadano a información de interés público y debilitan las condiciones necesarias para el ejercicio de la libertad de expresión, en un entorno en donde las amenazas contra la prensa se convierten en un desafío para la democracia.
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