El cierre de la edición impresa de Expreso evidencia el impacto del hostigamiento estatal y el acoso judicial
La decisión final sobre el futuro de Expreso se conocerá después de la junta general de los socios de Granasa, su casa editora, que se realizará el 13 de octubre próximo. Esto ocurre después de más de un año de una serie de acciones impulsadas por instituciones estatales contra la compañía.
05.10.2026
La Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC) expresa su profunda preocupación ante el cese de la circulación impresa del diario Expreso y advierte a la comunidad nacional e internacional que este suceso no puede analizarse de forma aislada, pues es parte de la cadena de actos sucesivos de hostigamiento y acoso judicial que la casa editora y sus periodistas afrontan desde agosto de 2025. Lo acontecido con Gráficos Nacionales S.A. (Granasa) incluye un novedoso fenómeno de intento de captura societaria mediática en Ecuador que fue documentado y analizado por la FPSC en su informe publicado el 20 de agosto de 2026.
Expreso, fundado en Guayaquil el 25 de julio de 1973, circula de forma ininterrumpida durante más de medio siglo y se convirtió en uno de los últimos grandes diarios ecuatorianos que se conserva en papel. El 2 de octubre de 2026, Granasa comunicó a sus trabajadores las decisiones que se tomarán en la junta general extraordinaria convocada por su presidente ejecutivo y gerente general, Galo Martínez Leisker, para el próximo martes 13 de octubre. Los puntos de la convocatoria son la situación financiera de la compañía, la autorización para la venta de bienes inmuebles, la definición de formas de pago, el destino de los recursos obtenidos y la resolución sobre la venta de marcas de la compañía.
Granasa aún no ha anunciado de manera oficial la decisión del cese de la edición física de Expreso, pero medios nacionales como Ecuavisa han adelantado que esta se mantendrá hasta el viernes 9 de octubre. Después de ese día, el matutino continuará únicamente en formato digital.
El caso de Expreso debe ser analizado más allá de una decisión empresarial, pues lo que hoy se evidencia es el riesgo de que un medio de comunicación pueda investigar temas de interés público, cuestionar al poder y ejercer su función de vigilancia democrática sin que las instituciones del Estado se conviertan en instrumentos de intimidación.
La persecución contra Granasa comenzó con acusaciones por presunta defraudación tributaria y lavado de activos. Luego, el conflicto se trasladó al ámbito societario y a presiones provenientes de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, una institución del Estado que mantiene una participación minoritaria del 2,56 % en Granasa, lo que terminó en la intervención de la empresa desde el 18 de febrero de 2026.
Además, la presión alcanzó a periodistas y anunciantes del medio. El 12 de agosto de 2026, el cronista Roberto Aguilar fue desvinculado de Expreso. Una semana más tarde, Aguilar afirmó en una entrevista que su salida se produjo por presiones del Gobierno y que estas también se habían extendido a los anunciantes del medio, a quienes, según sus declaraciones, se les estaba presionando para dejar de pautar en Expreso. Por su parte, Galo Martínez Leisker, aseguró el 2 de octubre de 2026 al noticiero Televistazo, de Ecuavisa, que “la situación de la compañía es crítica”, ya que han perdido cerca del 70% de sus anunciantes y esto se debería a las coacciones del Gobierno mediante “amenazas a los clientes con el SRI (Servicio de Rentas Internas) y la UAFE (Unidad de Análisis Financiero y Económico) si anuncian o imprimen con Granasa”.
Para sobrellevar la asfixia financiera, Granasa intentó vender un terreno que tiene en Durán para pagar a los proveedores, a la nómina y cubrir gastos operativos pendientes. El 17 de agosto de 2026, tras conseguir un comprador, la Junta de Accionistas se reunió y el 95,48% de representantes votaron a favor de la venta. No obstante, Inmobiliar fue el único accionista que votó en contra. El 25 de agosto, esta misma institución del Estado ingresó un trámite ante la Superintendencia de Compañías solicitando la suspensión de resolución de la Junta respecto a la venta del bien inmueble que, hasta la fecha, no se ha podido concretar.
El intento de captura societaria también estuvo acompañado de acciones judiciales, campañas de desprestigio y acoso digital dirigidas contra Granasa y sus medios. Entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026, la FPSC ha registrado más de 30 acciones asociadas al abuso del poder estatal, procesos judiciales, campañas de desinformación, casos de desprestigio, entre otros. Como principales actores señalados figuran la Superintendencia de Compañías, la Secretaría General Administrativa y de Gestión Inmobiliaria del Sector Público y plataformas de desinformación afines al Gobierno como El Informante y La Data.
El caso de Expreso se suma a una cadena de hechos adversos para el ejercicio del periodismo en Ecuador. Solo entre enero y septiembre de 2026, la FPSC documentó 223 agresiones contra periodistas y medios de comunicación, un promedio de una por cada 29 horas. Este dato refleja el deterioro de las condiciones para el oficio periodístico y la libertad de expresión en el país.
Ante estas circunstancias desfavorables, la Fundación Periodistas Sin Cadenas hace un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y los organismos internacionales de defensa de la libertad de prensa, a observar el caso Granasa y evaluar sus implicaciones para la libertad de expresión y la independencia de los medios en Ecuador. Así también a mantener especial atención sobre la grave situación que enfrenta la prensa ecuatoriana y a exigir al Estado garantías efectivas para que periodistas y medios puedan ejercer su trabajo sin intimidaciones, represalias ni interferencias arbitrarias.
La FPSC seguirá documentando estos hechos en defensa de un periodismo libre, seguro, independiente y de calidad. Por eso, exhortamos a las autoridades nacionales e internacionales a garantizar que ningún periodista o medio de comunicación sea perseguido por ejercer su derecho a informar y el de la sociedad a estar informada.
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