Informe revela cómo funciona el blindaje informativo presidencial en Ecuador
El gobierno de Daniel Noboa sostiene una estrategia de comunicación de acción y omisión que limita el acceso a la información y el ejercicio de la prensa para reforzar la protección de la imagen presidencial.
01.06.2026
Una arquitectura pensada para reducir la exposición del presidente Daniel Noboa, blindar la narrativa oficial y limitar los espacios donde la prensa pueda interpelar a sus autoridades son las estrategias de comunicación que ha usado el Gobierno para controlar la información oficial y su relación con la prensa.
Este es el principal hallazgo del informe “Un cerrojo informativo para el blindaje presidencial”, de la Fundación Periodistas Sin Cadenas, que publicó con el respaldo de Reporteros Sin Fronteras (RSF) y en alianza con los medios de comunicación Plan V, La Barra Espaciadora, Tierra de Nadie e Indómita, este 1 de junio de 2026.
En la Presidencia, las directrices son claras: hay asuntos que asume el mandatario y otros se trasladan a otros niveles del Gobierno. “A partir de estas pautas se determina qué temas se comunican directamente desde el despacho presidencial y cuáles se canalizan a través de ministros, voceros o equipos técnicos, así como el formato en que se ofrece la información: declaraciones del propio presidente, mensajes en redes sociales o intervenciones delegadas en otras autoridades”, detalla el documento.
El objetivo de esta estrategia es evitar que la imagen de Noboa se asocie con hechos negativos, restar visibilidad a los conflictos y diluirlos con rapidez en la conversación pública, según confirmaron fuentes reservadas al equipo investigador. De ello depende cuándo aparece el presidente, qué temas asume en primera persona y cuáles se delegan a otros voceros o ministerios, según estos testimonios.
Esta maniobra se observó, por ejemplo, en el caso de los cuatro niños de las Malvinas que fueron interceptados por una patrulla militar, desaparecidos y asesinados; o en los escándalos de corrupción relacionados con los contratos para la generación eléctrica con la empresa Progen o el acuerdo fallido con la empresa estadounidense Healthbird para desarrollar un sistema que permita la gestión de citas en el IESS.
En estas dos últimas polémicas, los principales voceros fueron la exministra de Energía Inés Manzano y el secretario de Integridad, José Julio Neira. Esto solo cambió el pasado 21 de mayo, cuando Noboa se refirió por primera vez a Progen en un comunicado difundido en su cuenta de X a tres días de rendir su Informe a la Nación en medio de fuertes cuestionamientos al manejo judicial del caso: “Que se vayan presos los culpables, basado en las acusaciones de Fiscalía e informes de Contraloría, no los que la oposición desesperada quiere culpar. Pelearemos hasta el final por recuperar hasta el último dólar”.
Además de entrevistas on y off the record, este informe se sustenta en registros y documentos públicos, reportes de organizaciones especializadas en libertad de expresión, cobertura de medios ecuatorianos y testimonios de periodistas afectados.
El objetivo de esta investigación, dice la Fundación, es ofrecer una lectura estructurada de un fenómeno que ya incide en el trabajo cotidiano de la prensa en Ecuador y configura un escenario de riesgo sostenido para quienes investigan al poder.
Espacios selectivos y cierre de chats
Una de las estrategias que utiliza la Presidencia para difundir temas de interés público es anunciarlos en espacios pequeños para luego amplificar esos mensajes en medios de mayor alcance. La investigación cita como ejemplo lo que ocurrió el 17 de septiembre de 2025 durante las protestas por el agua en Azuay y por el incremento del precio de los combustibles en Quito y otras zonas de la Sierra ecuatoriana.
En ese contexto, “el presidente Noboa eligió un escenario inesperado: una cabina radial en Machala, perteneciente a un medio con 456 suscriptores en YouTube y poco más de 21.000 seguidores en Facebook. Habló durante 46 minutos. Defendió la eliminación del subsidio, insistió en que la medida golpeaba las finanzas de las economías criminales y expuso la decisión como irreversible. El diálogo excluyó interrogantes más complejas. Horas más tarde, esas declaraciones ya aparecían en los noticieros nacionales. El rebote había funcionado”, dice el reporte.
El informe sostiene que el presidente escoge espacios provinciales donde la interlocución resulta menos confrontativa y donde, a menudo, los temas se ajustan con facilidad a la agenda del Ejecutivo. Ecuavisa, quien también investigó este tema, reveló que Noboa participó en 46 entrevistas entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025, de las cuales 19 fueron en emisoras de Quevedo, Machala, Esmeraldas, Cuenca o Guayaquil.
¿Por qué enfocarse tanto en medios locales?, preguntó el equipo investigador a una de las fuentes reservadas. “Porque no suelen golpear al Gobierno. Y, siendo pragmáticos, son medios con muy pocos recursos. Tienen limitaciones financieras fuertes, pero también un alcance interesante dentro de sus comunidades”, respondió.
A este escenario se suma el cierre o la reducción de varios canales de comunicación con la prensa. El informe describe cómo la Secretaría General de Comunicación dejó inactivos los chats institucionales de mensajería donde antes se difundían comunicados y se respondían consultas urgentes. En paralelo, entidades como el Ministerio del Interior, el SNAI y la Policía disminuyeron su disponibilidad para atender solicitudes de información. En el caso de las Fuerzas Armadas, no se designó un portavoz permanente pese a su participación central en operativos de seguridad.
Las amenazas contemporáneas a la libertad de prensa
Artur Romeu, director de la Oficina de Reporteros Sin Fronteras para América Latina y quien escribió el prólogo de este informe, recordó que Ecuador es uno de los tres países que más han retrocedido en el mundo en libertad de prensa. Una de las principales causas está relacionada con el deterioro de las condiciones de seguridad para los periodistas, que se ha agravado significativamente en los últimos años. Durante el 2025, seis periodistas fueron asesinados, según las cifras de la Mesa de Articulación para la Protección de Periodistas de Ecuador (MAPP).
Para Romeu, esta es “la expresión más visible de un fenómeno más profundo: la normalización de diversas formas de violencia cotidiana contra la prensa en varias provincias del país. Este escenario está estrechamente vinculado a la expansión del crimen organizado y a su creciente capacidad para controlar territorios e influir en dinámicas locales. Las políticas de protección existentes, por su parte, están lejos de responder a la magnitud de esta situación y se ven trabadas por procesos burocráticos que evidencian falta de voluntad política y de prioridad programática”.
Pero el director agrega que la abrupta caída del país en el Índice Mundial de Libertad de Prensa, descendiendo 31 posiciones, se debe no solo al aumento de la violencia contra los periodistas, sino también a retrocesos en otros indicadores como las condiciones económicas, el marco normativo, el entorno sociocultural y el contexto político.
“El caso ecuatoriano revela, así, una de las características centrales de las amenazas contemporáneas a la libertad de prensa: no siempre se presentan bajo la forma clásica de la censura estatal directa. Con frecuencia, operan a través de presiones difusas, estrategias de deslegitimación, opacidad institucional, precarización económica y control selectivo de la información pública”, dice Romeu.
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